TRIBUNALES EQUIPAMIENTOS
La jueza rechaza decidir sobre el derribo de los silos
Cree que la petición de paralización debería dirimirla el Contencioso || Los demandantes estudian acogerse a esta vía
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lleida resolvió ayer que no es competente para decidir sobre la paralización del derribo de los antiguos silos de Pardinyes, en cuyo solar la Paeria impulsa la construcción de un albergue para temporeros. Considera que se trata de un asunto que se debe dirimir en el Juzgado Contencioso administrativo. Así, no admite el interdicto que presentaron la Organización de Vecinos de Pardinyes y el colectivo ecologista Ipcena el mismo día en que comenzó la demolición, el pasado martes, en el que requerían su suspensión y la paralización cautelar de los trabajos hasta que se celebre el juicio.
Alegaban en su demanda que el derribo de los silos perjudicaba “gravemente los intereses generales de los vecinos de Pardinyes ya que desaparecerá la posibilidad de utilizarlos en beneficio de la comunidad y se perderá el derecho de las colonias de cigüeñas ubicadas en los inmuebles”. Pero la jueza cree que “es la administración pública la que debe resolver acerca de la protección que se reclama frente a la ejecución de una obra pública”. Por ello, concluye que “inadmito a trámite la demanda (...) por falta de jurisdicción de este juzgado para conocer del presente procedimiento, por corresponder a la administración pública, acordándose por ello el archivo de las actuaciones”.
El fiscal se pronuncia en la misma línea, detalla que “ningún derecho real se afirma perturbado por la obra que se está realizando” y añade que “el hecho de ser residentes en Lleida no otorga a los demandantes derecho real alguno y, por tanto, es más que evidente que en ellos no concurren legitimación para interponer el juicio verbal de suspensión de obra nueva”. El letrado de los demandantes indicó ayer que están estudiando “reproducir la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa”. Vecinos lograron frenar un día el derribo lanzando huevos contra las máquinas, situación que motivó que la empresa presentara una denuncia ante los Mossos d’Esquadra.
El día siguiente, la demolición se retomó, pese a que siguieron las protestas, y la jueza otorgó dos días para que alegaran las razones por las cuales debería decidir sobre los silos la jurisdicción civil y no el Contencioso. Tras cumplirse el plazo, la jueza resolvió ayer que este caso no es de su competencia.