DESAHUCIO PALESTINOS
Desalojo conflictivo de una familia de refugiados en Lleida
Realojados por “obligación” en un piso que consideran inhábil || Huyeron de Palestina y llegaron a Lleida en diciembre de 2018
Akram i Dania a las puertas del Centro Cívico de Balàfia.
Una familia de refugiados palestinos formada por Akram, Dania y sus hijos –menores de edad– fueron desalojados este miércoles al mediodía por los Mossos de los apartamentos en la calle Príncep de Viana donde llevaban un mes instalados. Los servicios sociales municipales de Balàfia pactaron una acogida temporal con el establecimiento hotelero que finalizó ayer. La semana pasada les ofrecieron otro piso que la familia rechazó inicialmente al considerarlo inhábil.
La Paeria manifestó que la vivienda asignada fue “seleccionada para que se adaptara a sus necesidades precisas, en cuanto a la accesibilidad y el número de personas”. En cambio, la familia explicó que solo tiene una habitación y es muy difícil de acceder para Dania porque está en la calle Cavallers, que es muy pendiente. Esta mujer tiene la movilidad reducida y necesita un inhalador de oxígeno durante la mayor parte del día. Sufre insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, entre otras afecciones. Su informe clínico indica que “se precisa un informe para la valoración del grado de discapacidad”.
Tras el desahucio, la familia acudió al centro cívico de Balàfia para reclamar soluciones. Señalaron que “llegó el jefe de la Guardia Urbana dos horas después, explicamos nuestra situación y nos indicó que por normativa estábamos obligados a alojarnos en la vivienda de Cavallers”.
Acabaron aceptando y desde ayer es su nuevo hogar, por el que pagarán unos 50 euros al mes. “Han estado atendidos e informados en todo momento, y se les ha facilitado los trámites para la gestión de los recursos”, aseguró el ayuntamiento. “Continuaremos haciendo seguimiento y ayudándoles”, añadió.
La familia llegó a Lleida en diciembre de 2018, y la fundación Apip-Acam los albergó durante medio año en una casa con otras dos familias refugiadas. Después, les ofrecieron otro piso y les pagaron el alquiler de 700 euros al mes durante diez meses. Cuando no pudieron apoyarles más, siguieron ahí hasta que les desahuciaron. Después fueron al apartamento en que fueron desalojados ayer.
