Trabajadores y alumnos de la UdL se concentran frente al Rectorat contra la nueva Ley de universidades

Medio centenar de trabajadores y estudiantes de la Universitat de Lleida (UdL) se han concentrado este martes ante el Rectorat contra la Ley orgánica del sistema universitario (LOSU) que entra esta tarde al pleno del Senado. Denuncian que esta nueva Ley de universidades no se ha negociado con los sindicatos y que tampoco revierte la precariedad y la temporalidad que sufre buena parte del personal de las universidades públicas. Recuerdan que en torno a un 70% de los profesores de la UdL son asociados, cuando tendrían que ser un máximo del 8%, y que, además, hay entre 150 y 200 profesores con contratos a jornada completa "encubiertos" ya que cobran una tercera o cuarta parte de lo que cobran los titulares, explica el profesor asociado de la UdL, Marc Macià.

"Aunque el porcentaje de profesores asociados de una universidad pública tendría que ser de un 40% antes y de un máximo de un 8% ahora, en la UdL seguimos con cifras de en torno a un 70% (890 de 1.250), una situación similar a otras universidades públicas," explica la presidenta del Comité de Empresa, Caterina Tico.

La protesta ha sido convocada conjuntamente por los comités de empresa del personal docente e investigador (PDI) y del personal de administración y servicios laboral (PAS), las juntas de PAS y PDI Funcionario, los sindicatos con representación en la UdL (CGT, UGT, CCOO, SAC), la Assemblea de professorat associat, Doctorandes en Lluita y Avalot, bajo el lema Prou precarietat a la Universitat. No a la LOSU.

Las entidades convocantes han denunciado en un comunicado que esta ley no revierte la situación actual y alertan de que "ente pocos años puede provocar el colapso del sistema universitario por falta de personal a tiempo completo". Además, denuncian que la nueva ley no presenta ningún mecanismo específico de financiación pública ni partida presupuestaria asociada, ni democratiza la universidad al no mejorar la representación de los estudiantes a los órganos de gobierno, aumentando por el contrario las competencias de los consejos sociales, órganos integrados mayoritariamente por empresarios.

Al mismo tiempo han reivindicado un aumento de la financiación destinada a la contratación de personal, unas condiciones laborales dignas para el profesorado asociado y la estabilización de los contratos pre-doctorales, posdoctorales, del profesorado lector y del asociado que está haciendo vida académica, del PAS "temporal en fraude de ley".