GENERALITAT EQUIPAMIENTOS
Justicia prevé decidir en verano si reforma la cárcel o hace una nueva
La mitad de la inversión en Lleida va para Ponent, con reformas de 8,3 millones || Cinco millones para el Canyeret y juzgados de La Seu, Cervera, Solsona y Tremp
La consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, señaló ayer que su departamento podrá hacer una valoración este verano de si lleva a cabo una reforma integral del Centre Penitenciari Ponent, lo que supondrá una inversión de 30 millones de euros, o si finalmente construyen un edificio nuevo, lo que podría suponer 120 millones. Durante una visita institucional en Lleida, la consellera dijo que ambas opciones todavía están sobre la mesa y que deberán estudiar cuál es la mejor en consenso con todos los actores implicados. En caso de optar por una cárcel nueva, aún no se ha debatido si seguiría en Ciutat Jardí o en otro emplazamiento.
El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, aseguró al respecto que “un nuevo equipamiento no nos sabría mal” y destacó que es la primera vez que una consellera de Justicia admite la situación de la prisión y se compromete a buscar una solución consensuada. Tras admitir deficiencias en la cárcel, la segunda más antigua de Catalunya, la consellera anunció que se llevará la mitad del presupuesto de inversión en la demarcación, que es de 15 millones en total. Así, se destinarán 8,3 millones de euros a reformas en Ponent hasta 2026, como la del módulo residencial 11, la cocina o la enfermería.
También se destinará un millón para el centro de justicia juvenil El Segre. En cuanto a la administración de Justicia, Ubasart anunció una inversión de 3,5 millones de euros para mejoras en espacios de la sede de los juzgados de Lleida en el Canyeret. Unas obras que se volverán a licitar tras quedar desierto el concurso el año pasado, y la intención es ejecutarlas el que viene.
También se destinarán más de 1,5 millones a los juzgados de La Seu d’Urgell, Cervera, Solsona y Tremp. Además de su visita a la Paeria, por la mañana hizo otra a la cárcel y a los juzgados de Lleida para “conocer de primera mano” las necesidades.