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URBANISMO BALANCE

La Paeria abre un expediente a la semana por edificios ilegales en l'Horta

Cincuenta y cinco en 2022, 30 a raíz de informes que pide el Registro de la Propiedad

Exterior de un inmueble que la Paeria ha ordenado derribar al ser ilegal.

Exterior de un inmueble que la Paeria ha ordenado derribar al ser ilegal.GERARD HOYAS

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El año pasado, la Paeria abrió una media de un expediente a la semana por edificaciones ilegales en el municipio de Lleida, básicamente en l'Horta. De 55 expedientes, 30 los inició a instancias del Registro de la propiedad, que en compraventas en suelo no urbanizable pide al consistorio un informe sobre la situación urbanística del inmueble.

La Paeria de Lleida abrió el año pasado un total de 55 expedientes por edificaciones ilegales, sobre todo en la zona de l’Horta, lo que supone una media de uno a la semana.

Del total de expedientes, treinta los inició a instancias del Registro de la Propiedad, que en procesos de compraventa en suelo no urbanizable solicita al consistorio un informe sobre la situación urbanística del inmueble, y los otros, a raíz de denuncias de vecinos que aportan fotografías o informaciones al respecto. Además, en lo que va de año, el ayuntamiento ya ha abierto al menos otros tres expedientes por edificios fuera de la ordenación en las partidas Pla de Monsó, Boixadors y Montcada, según ha podido saber este diario. Fuentes municipales señalaron que muchos de los expedientes corresponden a casas antiguas de l’Horta y remarcaron que no actuaron de oficio, sino tras denuncias vecinales o a requerimiento del Registro de la Propiedad.

Este último supuesto se aplica en casos de traspaso de la propiedad de inmuebles en suelo no urbanizable, puesto la persona que vende una edificación tiene la obligación de aportar un certificado que constate que está “legalmente implantada” y el registro solicita de manera automática un informe a la Paeria, que a su vez efectúa una inspección para comprobar su situación a nivel urbanística. Si los técnicos municipales constatan que la edificación inspeccionada fue construida o ampliada “sin título habilitante” (sin el permiso pertinente) se declara “en situación de fuera de la ordenación” , pero si esta situación se produjo hace más de seis años, la ley de Urbanismo determina que el inmueble o la parte ampliada sin autorización no puede ser derribada al haber prescrito “la acción de restauración de la realidad física alterada”. En esos casos, se hace constar en el informe que la casa en cuestión “no está legalmente implantada” y así queda registrada

Si la construcción ilegal tiene una antigüedad de más de 6 años, no se puede ordenar su derribo

Este hecho conlleva consecuencias directas para los titulares de la construcción, por ejemplo que no está permitido efectuar ampliaciones de volumen u obras de mejora en general, sino solo trabajos de conservación o indispensables para la salubridad o la seguridad de las personas.

Además, el valor de la construcción es diferente también del que tendría si hubiera sido levantada o ampliada con autorización. En cambio, si las construcciones son más recientes y no cumplen con la legalidad, el consistorio sí puede ordenar su demolición para restablecer la realidad física alterada. Tal como publicó este diario, así lo hizo con una casa ilegal construida en una de las urbanizaciones de la Cerdera, en concreto una edificación prefabricada en la Cerdera Alta, en la margen izquierda de la autovía A-22 en dirección hacia Huesca.

Fue edificada sin licencia en suelo urbano no consolidado, por lo que no puede ser legalizada.

Acumulación de multas por okupas o no hacer obras

Algunos edificios o viviendas de la ciudad de Lleida acumulan un buen número de sanciones por incumplir órdenes municipales tanto de adecuar sus instalaciones en mal estado como de regularizar a sus ocupantes. Suelen de titularidad de fondos de inversión o grandes tenedores.

A modo de ejemplo, recientemente la Paeria ha impuesto la duodécima multa de 3.000 euros a Divarian por no acreditar documentalmente la situación de las personas que residen en un piso de su propiedad del Grup Mariola. Esto supone que en global el montante de las sanciones por este caso ronda los 30.000 euros. El mismo fondo de inversión lleva ocho multas por el incumplimiento injustificado de órdenes del ayuntamiento respecto a un inmueble ubicado en la calle Arnald de Solsona con Passatge Sant Jeroni, que le instaban a presentar una memoria que acredite que ha tomado medidas para recuperar condiciones de habitabilidad y de cierre de aperturas de la fachada exterior e interior para evitar la entrada de agua de lluvia, palomas y cucarachas.

Otra entidad acumula seis sanciones por no tapiar un edificio de la calle Nord y otra lleva cuatro por tener ocupantes sin acreditar su situación en una casa de Hostal de La Bordeta.

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