Un psiquiatra niega que se quedara con el patrimonio de un paciente

Un psiquiatra leridano, J.R.P.P., negó ayer ante la Audiencia de Lleida que estafara y se quedara con el patrimonio de un paciente de su clínica y el hermano de este, que fallecieron en 2006 y 2004, respectivamente. El acusado, que solicitó declarar al final del juicio y solo respondió a las preguntas de su abogado, aseguró que “fue el hermano de mi paciente y el abogado de la familia quien me lo pidieron, mi negocio no es el inmobiliario”. La Fiscalía, que pide una condena de seis años de prisión, considera que el acusado, “aprovechándose de la confianza depositada en él por la familia”, se hizo con la tutela de su paciente, ingresado en su clínica desde el año 1981, y con el letrado de la familia firmaron un contrato vitalicio que incluía, entre otros, la cesión de una casa de su propiedad, valorada en 240.000 euros para sufragar los gastos de su estancia en la clínica.

“Yo no me quedé nada”, reiteró el psiquiatra. Añadió que fue el abogado de la familia quien le insistió en que fuera el tutor porque los padres –fallecidos anteriormente– y el hermano de su paciente no querían que el tutor fuera un tío. “Me sorprendió que esta persona, que no había llamado por teléfono ni una sola vez en años para interesarse por el estado de un paciente, quisiera ser su tutor.

Sonaba a cuestiones económicas”, declaró. Precisamente, una hija de este hombre ejerce la acusación particular. Explicó que descubrieron la situación cuando le reclamaron una deuda de sus primos.

Por su parte, el agente de la Guardia Civil que dirigió la investigación explicó que sospecharon de una posible estafa al hallar tres facturas con la misma numeración, fecha y paciente con distintos importes y que cobraba al paciente muchos conceptos extras, como clases particulares de taichi, ropa o seguros de vida e incluso honorarios de la tutela del acusado cuando éste estaba alojado en un hotel de Baleares.Al inicio del juicio, Enric Rubio, abogado del acusado, planteó varias cuestiones previas como la nulidad de las actuaciones y la prescripción de los delitos. Explicó que el caso arrancó después de que en 2017 llegara una denuncia anónima ante la Fiscalía Superior de Catalunya, que contenía un lápiz de memoria con documentación. Considera, entre otros, que fue una extorsión y acoso hacia el acusado y que los hechos hace tiempo que han prescrito.