Un traficante de personas pide que le expulsen del país

La Audiencia de Lleida condenó ayer a doce hombres y una mujer a penas de entre tres meses y cinco años de prisión por formar parte de una red de tráfico ilegal de personas. Fue un juicio por conformidad después de que Fiscalía y defensas alcanzaran un acuerdo (ver SEGRE del sábado). El abogado de uno de los cabecillas de la red solicitó conmutar la pena de prisión por la expulsión del Estado.

Fiscalía se opuso y el tribunal afirmó que estudiaría la petición. Todos ellos fueron condenados por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal en concurso con un delito de pertenencia a organización criminal. La máxima condena, de cinco años de prisión, fue para los dos cabecillas de la red.

Otra persona aceptó dos años y siete meses de prisión. El resto, fueron condenados a penas de tres meses a dos años de cárcel. La red fue desarticulada en 2020 en las comarcas de Lleida en un operativo conjunto entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil que acreditaron 90 viajes de la organización para recoger inmigrantes irregulares en el Estado y llevarlos hasta el norte de Europa.

Tres de los acusados, entre ellos los dos líderes de la red, estaban en prisión desde su detención en febrero de 2020. La investigación se inició en 2018, cuando agentes de los Mossos de Tremp detectaron varios vehículos que trasladaban a personas indocumentadas que acababan de llegar a España, la mayoría en patera. Estas personas eran trasladadas bajo coacción a Francia.

En febrero de 2020 hicieron registros en domicilios de Torrefarrera y Rosselló, con actuaciones también en Mataró, Burgos, Portugal, Alemania y Holanda. La investigación permitió identificar a más de 1.000 víctimas, entre ellas embarazadas y niños. Exigían un pago de hasta 750 euros.

Se estima que obtuvieron unos beneficios superiores a los 500.000 euros.