VIVIENDA NORMATIVA
La Paeria insta los primeros cuatro desahucios con la ley antiokupas
Son viviendas de entidades bancarias en un bloque de la Mariola || Postius destaca que generan conflictos y que los vecinos han presentado múltiples denuncias
Suspendido un desalojo en los bloques Gaspar de Portolà - La PAH convocó ayer por la mañana una protesta contra el desahucio de una mujer de un piso de los bloques Gaspar de Portolà, propiedad de un fondo de inversión. Finalmente, fue suspen ...
El ayuntamiento ya tiene listos los expedientes para instar el desahucio de los okupas de cuatro viviendas de un bloque ubicado en la Mariola en aplicación de la ley contra las okupaciones aprobada por el Parlament en febrero. Así lo anunció ayer el teniente de alcalde Urbanismo, Toni Postius, ayer en una charla que dio como alcaldable de Junts en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) junto a las exconselleras Lourdes Ciuró y Violant Cervera. Postius explicó que tras aprobarse la ley el consistorio ha analizado casos de okupaciones que “encajan” con las condiciones que determina para que los ayuntamientos puedan ser los promotores de su desalojo.
En este sentido, detalló que estos cuatro primeros expedientes corresponden a otros tantos pisos -propiedad de distintas entidades bancarias- de un mismo bloque que tienen inquilinos ilegales desde hace años, que son conflictivos y cuya comunidad de vecinos ha presentado denuncias tanto por vía policial como administrativa. Indicó que ahora remitirán escritos a los propietarios para que acrediten la situación de los inquilinos y, si no están regularizados, les requerirá que en 30 días inicien las acciones judiciales para su desahucio. Si no lo hacen, será el ayuntamiento el que promoverá de forma subsidiaria el proceso judicial, tal como prevé la ley.
Por su parte, el presidente del Colegio de los API de Lleida, Josep Maria Esteve, lamentó que la ley “solo contempla actuar en edificios enteros, lo que solo beneficia a los grandes propietarios, mientras que los pequeños y particulares no pueden beneficiarse de ella y deben recurrir a la vía judicial tradicional”. Un trámite que “en Lleida dura más de un año hasta la expulsión de los okupas”, por lo que instó a Govern y Paeria a buscar nuevas herramientas “que protejan de los okupas también a los pequeños propietarios”.
