JUSTICIA ANÁLISIS
Se reducen a la mitad las sentencias en catalán en Lleida en la última década
Los juzgados de Lleida llegaron a dictar en el año 2013 el 30% de sus sentencias en catalán. Desde entonces este porcentaje ha caído en picado y, por ejemplo, en 2021 solo llegó al 10,9%, pasando de 3.372 a 1.419 en ocho años. Mientras la orden de un secretario de Cervera de traducir un texto al castellano sigue provocando indignación.
Imagen de archivo de los juzgados del Canyeret de Lleida.
El requerimiento que hizo la semana pasada un letrado de la Administración de Justicia –secretario judicial– de los juzgados de Cervera para que un abogado tradujera un escrito en catalán al castellano –algo que está expresamente prohibido por ley– es solo un ejemplo más de que el catalán sigue siendo minoritario y, hasta cierto punto, residual en los tribunales. Los últimos datos de la conselleria de Justicia así lo demuestran. En el caso de las comarcas de Lleida, por ejemplo, solo el 10,9% de las sentencias que dictaron en 2021, un total de 1.419, fueron en catalán, lejos del 30% que se alcanzó hace una década.
En 2013 fueron 3.372, más del doble. No es algo puntual. Solo un 12,4% de las demandas presentadas en Lleida en 2021 a través del aplicativo ejustícia.cat fueron en esta lengua, mientras que la media catalana se sitúa en el 6,2%.
El departamento de Justicia y el Consejo de la Abogacía Catalana, del que forma parte el Colegio de la Abogacía de Lleida (ICALL), luchan contra esta situación. De hecho, en junio del año pasado la conselleria presentó el primer paquete de medidas para revertir la situación del catalán en la justicia, como otorgar becas a los estudiantes de Derecho de Catalunya para opositar a la carrera judicial y fiscal. También el de usar el catalán en el turno de oficio.
En este sentido, los profesionales del turno de oficio inscritos voluntariamente en el programa para fomentar el catalán reciben una bonificación de 20 euros adicionales por cada actuación que hagan en esta lengua y, a la vez, asumen el compromiso de hacer efectivo el derecho de opción lingüística de sus defendidos.Advocacia per la Democràcia Lleida, que el viernes denunció el caso de Cervera en las redes sociales, como avanzó SEGRE, ya ha comunicado el caso al Colegio de la Abogacía de Lleida (ICALL) que, a su vez, informará de ello al departamento de Justicia con el objetivo de que tome medidas al respecto. Jaume Moll, presidente de la comisión de la Llengua Catalana del ICALL, afirmó que “es una situación que produce una especial indignación entre el colectivo y hay que actuar”.
