Restituyen la dignidad a 284 funcionarios de Lleida depurados por Franco

Estar suscrito a un periódico de izquierdas o ser “indiferente religioso” eran motivos suficientes para ser sancionado o despedido de la Paeria durante los primeros años del franquismo. Es lo que les pasó a 177 de los 284 funcionarios municipales que fueron depurados (obligados a declarar e investigados) entre 1938 y 1941. Todos sus nombres ahora se pueden consultar en un archivo web que el consistorio presentó ayer. Dos tercios de estos trabajadores municipales desaparecieron, fueron sancionados o restituidos, y solo 107 fueron readmitidos sin ninguna represalia. Las causas de las sanciones y destituciones eran ideológicas, políticas o religiosas. Por ejemplo, haber sido ascendido durante la Segunda República; estar afiliado a partidos, sindicatos o medios de comunicación de izquierdas; o no haber delatado a otros compañeros leales a la República.

La elaboración del buscador web se inició después de que el pleno municipal de junio de2017 aprobara –con una amplia mayoría– elaborar un estudio sobre la represión a estos funcionarios. En el pleno del pasado viernes, el consistorio anuló y declaró como ilegales todas las sanciones por causas ideológicas a los trabajadores municipales durante el franquismo. Crear el archivo web fue una propuesta del exsecretario de la Paeria, Jesús Gutiérrez, y lo desarrolló el Arxiu Municipal. En él se pueden consultar los departamentos y cargos de cada extrabajador, las fechas de presentación de las declaraciones y los plenos en que fueron represaliados, así como las sanciones que recibieron y los expedientes de revisión –en caso de haberlos– con sus resultados.

“La velocidad con la que se ha hecho memoria nos tendría que dar vergüenza como sociedad”, afirmó el alcalde, Miquel Pueyo, en la presentación de ayer. El acto se celebró 85 años después de que las tropas de Franco llegaran a Lleida, el 3 de abril de 1938. Asimismo, Pueyo destacó el “compromiso permanente con la memoria histórica para recuperar la dignidad de las víctimas”. La directora del Arxiu, Iolanda Enjuanes, explicó que “el proyecto va más allá y prevemos publicar un monográfico” con los resultados del estudio. Por su parte, Jesús Gutiérrez indicó que “las sanciones se formularon con criterios arbitrarios y tenían en cuenta la condición ideológica, religiosa o moral”. Añadió que “tiré adelante el estudio por una motivación personal y para recuperar la memoria histórica