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VIVIENDA SEGURIDAD

Lleida registró una denuncia por okupación cada dos días en 2022

Hubo 277 casos en la provincia, un 13% más, y en Catalunya se redujeron un 2%

Imagen de archivo de operarios tapiando un edificio desokupado.

Imagen de archivo de operarios tapiando un edificio desokupado.SEGRE

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Las denuncias por okupaciones de viviendas aumentaron un 13% en Lleida el año pasado, alcanzando las 277 en toda la provincia. Una cifra que supone que en 2022 se registró una denuncia cada dos días por este motivo y que los casos han aumentado un 50% desde 2019, el último año antes de la pandemia y que marcó un punto de inflexión al dispararse las okupaciones de viviendas. Así lo muestran los datos de los Mossos d’Esquadra que ayer hizo públicos el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Vox.

Respecto a los datos de Lleida, cabe señalar que en el caso de la capital la Síndica de Greuges de la Paeria denunció que hay “bandas organizadas” especializadas en okupaciones. Una cifra que subió como consecuencia de ello fue la instalación de alarmas en pisos, que en 2022 aumentaron en Lleida un 50%, según los administradores de fincas. En el conjunto de Catalunya el año pasado hubo 7.168 denuncias por usurpación, ocupación leve de bienes inmuebles y violación de domicilio con la voluntad de ocuparlo.

Un dato que supone un ligero descenso del 2,1% respecto el año anterior, cuando se registraron 7.322. Por provincias, Barcelona concentra el 70% de las denuncias (4.978), seguida de Tarragona (960), Girona (953) y Lleida. Estos datos corresponden a las viviendas de primera y segunda residencia, estén en construcción, deshabitadas, en desuso o convertidas en pisos turísticos.

La Paeria tramita los primeros 4 desalojos por la ley antiokupas El ayuntamiento ya tiene listos los expedientes para instar el desahucio de los okupas de cuatro viviendas de un bloque ubicado en la Mariola en aplicación de la ley contra las okupaciones aprobada por el Parlament en febrero. Esta normativa permite desalojar okupas que sean conflictivos y tengan denuncias por ello y los municipios del llano prevén que podrán hacer 120 desahucios gracias a ella. No obstante, los agentes inmobiliarios critican que esta ley solo permite actuar en edificios enteros, lo que no beneficia a los pequeños propietarios.

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