La falta de recursos lastra el plan del Govern de transformar los geriátricos

La provincia de Lleida cuenta con 76 geriátricos, 13 en la capital, con 3.388 plazas, y el 97% de mayores que residen en ellos tienen algún grado de dependencia. La Generalitat impulsa un nuevo modelo denominado Atención Centrada en la Persona, pero su aplicación se ve amenazada por una falta de recursos que se traduce en una carencia de personal.

Los geriátricos cumplen la importante función social de cuidar a las personas mayores, sobre todo cuando no pueden valerse por sí mismas. Ofrecen servicios de alojamiento y manutención, así como de atención sanitaria, psicológica, de ocio o actividad física.

En Lleida ciudad hay trece y en la provincia, 76 (ver tabla). De estos, 23 son de iniciativa pública, 16 son entidades privadas de iniciativa social y 37 son privadas de iniciativa mercantil (ver gráfico). En las residencias trabajan enfermeras, gerocultores, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales.

Sin embargo, las gerocultoras forman el colectivo mayoritario. Casi todas son mujeres y se encargan de atender las necesidades de cada residente. La mayoría denuncian que no pueden hacer bien su trabajo porque la falta de personal no les permite dar el trato que los ancianos merecen.Los usuarios de las residencias fueron uno de los colectivos más afectados por el coronavirus.

Durante las primeras semanas, en las residencias catalanas se llegaron a detectar 500 casos y 140 hospitalizaciones al día y, en algún momento, casi se llegó a las 200 defunciones en un día. La pandemia puso de manifiesto las carencias existentes en buena parte de los geriátricos, por lo que a raíz de ello la Generalitat ha establecido la necesidad de desarrollar un nuevo plan estratégico basado en la Atención Centrada en la Persona (ACP) y la integración de la atención social y sanitaria. La ACP implica el respeto a las preferencias de cada residente, así como el refuerzo de su empoderamiento, el apoyo emocional y físico, la implicación de la familia y la accesibilidad, continuidad y coordinación de la atención.

La Generalitat apunta que “hay evidencias de sus buenos resultados, como la disminución del ingreso hospitalario, la mejora funcional y de calidad de vida, y una alta satisfacción”Sin embargo, la principal patronal del sector, la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), afirma que hay una infrafinanciación por parte de la administración que se traduce en que “los salarios sean bajos y la profesión no resulte atractiva”, lo que provoca que haya falta de personal. Un portavoz destaca que 7 de cada 10 plazas de residencias en Catalunya tienen financiación pública y que la tarifa asignada por la Generalitat, de 2.002,56 euros al mes por cada una, es insuficiente. “Es verdad que las tarifas han subido, pero lo inflación lo ha hecho más”, indica.

“Con 66 euros al día por residente tenemos que dar atención asistencial, alojamiento y también servicio médico, cuando la Atención Primaria es la que debería prestarlo”, añade. “Queremos subir los salarios para retener el talento, pero si no aumentan las tarifas es imposible”, manifiesta. Además, apunta que estiman que el coste de una plaza pública se sitúa entre los 3.500 y los 4.000 euros, por lo que se pregunta: “¿por qué a las concertadas nos pagan prácticamente la mitad?”El departamento de Derechos Sociales admite ser consciente de que “existe mucha dificultad para encontrar personal en todo el ámbito social y sanitario”, pero dice que “con las últimas subidas de las tarifas de las plazas públicas contribuimos a estabilizar las plantillas”Por su parte, la responsable de sanidad de CCOO en Lleida, Helena Motos, asegura que “no basta un aumento de sueldo, hay que reducir las jornadas”.

La secretaria general de UGT Servicios Público en Lleida, Bea Bonilla, añade que “gracias al reciente octavo convenio estatal empezamos a hablar de bajarlas. Ahora son de 1.792 horas anuales, muy por encima de las 1.642 de los funcionarios”. “Dar la comida sentados y en la misma altura que los usuarios es imposible cuando hay que hacerlo a 4 personas a la vez”, subraya Motos.

“Con el modelo actual, la ACP es una falacia”, concluye. Además de la falta de personal, la edad de los usuarios de las residencias catalanas y su nivel de dependencia cada vez es mayor. La media era de 82 años en 2019, mientras que en 2012 era de 77, y el 97% tiene algún grado de dependencia. Según ACRA, tres de cada cuatro sufren algún tipo de demencia.