Lorenzo Viñas: «Hay políticos que gobiernan que consienten las okupaciones»

Cuando asumió la presidencia del colegio en diciembre se fijó como meta poner en valor la labor de los administradores de fincas. ¿Es una profesión poco valorada?

El administrador de fincas siempre ha estado integrado en la sociedad pero no ha tenido visibilidad. Además de gestionar comunidades de propietarios hacemos trámites patrimoniales y de alquileres, somos agentes inmobiliarios y mediadores de derecho inmobiliario y estamos reconocidos como peritos judiciales. Precisamente, la nueva ley de vivienda reconoce al administrador como el experto en vivienda y el elemento nuclear en las relaciones entre administración y usuarios de viviendas.

La ley de vivienda genera división de opiniones sobre sus consecuencias en el sector inmobiliario. ¿Solucionará la falta de acceso a la vivienda o lo agravará?

Pone un freno a la libre disposición y al derecho a la propiedad. La administración traslada la obligación que tiene de construir vivienda asequible al sector privado sin compensaciones, alterando el mercado de forma directa y forzando una reducción de la oferta. ¿Por qué creemos eso? Porque el arrendador quiere seguridad. Busca un arrendatario que no genere problemas y pague y si eso supone cobrarle 100 euros menos lo hará. Y cuando se le pone estas obligaciones e incertidumbres lo que hace el propietario es vender el piso o destinarlo a apartamento turístico, por lo que sale del mercado del alquiler. Si la oferta se reduce y la demanda se mantiene, los precios suben.

Respecto la morosidad, la pandemia hizo aumentar los impagos. ¿La situación ha mejorado?

Se ha recuperado considerablemente. En la pandemia registramos un aumento del 350% en algunas zonas pero a día de hoy no es excesiva ni preocupante. Ahora hay falta de oferta, por lo que las administraciones deben aportar vivienda y generar confianza en el sector privado.

Entiendo que abogan por que el mercado se regule solo, sin ningún control externo o regulación por parte de las administraciones.

Cada cual debería aportar lo suyo. Se tendría que aportar vivienda y suelo público para que los promotores construyan a un precio tasado, hacer vivienda a un precio atractivo para que el inversor actúe y que el suelo esté a precios asequibles para no encarecer los alquileres. Y reconvertir locales comerciales en viviendas flexibilizando los cambios de usos y adecuar las normas de habitabilidad. Si das estas condiciones a cambio de un alquiler el propietario recupera la inversión, ofertas más vivienda y le generas ingresos. En resumen: más vivienda y suelo público para construir en unos baremos de precios y flexibilizar las normas de habitabilidad.

Hablaba de que la administración debe ofertar vivienda y esta semana el Gobierno ha anunciado que movilizará 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social. ¿Es realista o un brindis al sol?

Es un anuncio electoralista. La mayoría de estas viviendas están fuera del mercado al no tener condiciones de habitabilidad, por lo que se deberán hacer obras de mejora y veremos cuántas acaban en el mercado.

Las viviendas que son de bancos y fondos a menudo se desentienden de su mantenimiento y generan problemas de impagos en las comunidades. ¿Ha habido un aumento de esta problemática?

De forma recurrente. Los bancos no informan o avisan de que son dueños de una nueva vivienda y a veces pasan meses hasta que la comunidad se percata. Y hay un banco en concreto que cuando la comunidad le reclama la deuda pide todas las actas y una justificación de cada gasto de la comunidad. Es una vergüenza, lo hacen solo para poner palos en las ruedas y perjudicar a toda la comunidad.

Otro problema recurrente son los okupas. ¿Considera que la legislación actual protege los derechos tanto de los propietarios de viviendas como de los inquilinos?

Cuando los poderes públicos no te atienden si no es en un proceso judicial que durará 14-15 meses en el mejor de los casos es que algo no funciona. Y hay ideologías políticas que están en puestos de responsabilidad que lo consienten. Se basan en que si alguien es vulnerable se le debe mantener, pero el mandato constitucional que dice que todo español tiene derecho a una vivienda debe cumplirlo la administración, no el particular. La mayoría de las viviendas de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya estaban okupadas hace un año, es una barbaridad. Se deben adecuar las leyes para que haya desahucios exprés, así como distinguir las okupaciones mafiosas de aquellas en las que hay una vulnerabilidad y que allí actúen los servicios sociales.

Estando a semanas de las municipales, ¿qué le pediría a los alcaldables en materia de vivienda?

Que podamos llegar a ser interlocutores con la ciudadanía, propietarios, usuarios de vivienda y las administraciones. De hecho, somos la oficina técnica para gestionar las subvenciones para reformar edificios en eficiencia energética con los fondos europeos Next Generation.