Huelga indefinida tras la suspensión de otros 100 juicios en tres días en Lleida

Entre el martes y ayer se han suspendido unos 100 juicios en los juzgados de Lleida por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. Tras un mes de protestas, con unas 300 vistas suspendidas en Ponent (800 contando el paro de los secretarios), el lunes iniciarán una huelga indefinida que puede llevar a un nuevo colapso judicial.

“Es una vergüenza cómo un Gobierno que se define como progresista nos está tratando. No nos han ofrecido nada tras un mes de protestas. A partir del lunes vamos a la huelga indefinida”. Así describió ayer Jorge Mostacero, del sindicato STAJ, el sentir de los funcionarios de Justicia durante la concentración que hicieron ante la subdelegación de Gobierno en Lleida.

Ayer tuvo lugar la última de las siete jornadas de huelga y de paros de una protesta que iniciaron el 17 de abril y que ha supuesto la suspensión de unos 300 juicios en Lleida, un centenar de ellos entre el martes y ayer (800 si les suman la suspensiones por la huelga de los secretarios judiciales). Reclaman al ministerio de Justicia una subida salarial de 350 a 430 euros (unos 200 millones en total), similar a la aprobada para los secretarios judiciales, y la paralización de la ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación. José Manuel Ferreras, de UGT, comentó que “hay un gran malestar entre el colectivo porque sentimos que somos funcionarios de tercera pese a que representamos un 93% de la plantilla”.

Por su parte, Neus Llort, del CSIF, afirmó que “entendemos el perjuicio pero el único responsable es el ministerio. Cada vez tenemos más carga de trabajo y las condiciones laborales han empeorado”. En cambio, ayer sí hubo luz verde en la negociación de jueces y fiscales con el ministerio, lo que supone la desconvocatoria de la huelga indefinida anunciada por este colectivo a partir del lunes.

Seis de las siete asociaciones firmarán el martes un acuerdo con el Gobierno que incluye una subida salarial de unos 450 euros brutos mensuales y otras mejoras como un aumento de plazas. En cambio, el personal laboral también anunció ayer el inicio de movilizaciones. Psicólogos, trabajadores sociales, peritos judiciales, traductores, archiveros, ordenanzas y personal de mantenimiento conforman este colectivo, que exige el fin de las externalizaciones de servicios y la conversión de puestos en plazas de funcionarios. Han convocado huelga los días 24 y 30 de mayo, 1, 6, 7 y 8 de junio.