La huelga de funcionarios ya ha suspendido 1.200 juicios en Lleida

Seis semanas llevan los funcionarios de la administración de Justicia secundado paros y jornadas completas de huelga para reclamar un aumento salarial y mejora en las condiciones laborales. Según los cálculos de los sindicatos, en todo este tiempo se han suspendido unos 800 juicios en Lleida, a los que hay que sumar los 470 que ya se aplazaron durante la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), que tras dos meses de huelga consiguieron el compromiso de una subida de sueldo de entre 430 y 450 euros brutos al mes. Cerca de cuarenta funcionarios se volvieron a concentrar ayer ante la subdelegación del Gobierno central en Lleida con el firme compromiso de continuar las protestas hasta que el ministerio de Justicia acceda a negociar.

“A pesar de que se han convocado elecciones generales, consideramos que el Gobierno todavía puede sentarse a negociar una subida de sueldo. Llevamos a cabo funciones que por norma no nos tocan y queremos una retribución de acuerdo con estas”, aseguraron representantes de los sindicatos CSIF y UGT. “La ministra de Justicia es la responsable de que haya cientos de miles de actuaciones judiciales que no se están practicando con la negativa de reunirse con los sindicatos.

Desde forenses que están suspendiendo visitas médicas hasta el auxilio judicial que no está asistiendo a las vistas y solo hace servicios mínimos. Todo ello está provocando un colapso que tardaremos meses, sino años, en revertir”, lamentaron. “Están actuando de forma clasista negociando con letrados y magistrados, mientras que a nosotros ni nos escuchan”, zanjaron.

Cada día se aplazan de media unos 50 procedimientos en Lleida. Por otra parte, el Consell de l’Advocacia Catalana (Cicac) reclamó ayer a todos los operadores jurídicos y administraciones “un gran pacto para la justicia que resuelva los déficits acumulados y se comprometa a avanzar hacia una justicia moderna, eficiente y de calidad”. Ante las huelgas, señaló que la justicia está “a punto de colapso, con una situación que favorece una inadminisible vulneración de derechos y que ocasiona pérdidas económicas” a la abogacía y a la economía en general.