La Paeria tiene pendiente de cobro plusvalías de hace más de cinco años por 8,7 millones

El ayuntamiento de Lleida tiene pendiente de cobro 10,2 millones de euros de ejercicios anteriores a 2020 por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (popularmente más conocido como plusvalía), que grava todas las transacciones de bienes inmuebles, ya sean por compraventa o herencia. Así consta en la documentación incluida en su cuenta general de 2022. Además, la mayoría de esta cantidad, concretamente 8,7 millones, corresponde a recibos con más de cinco años de antigüedad.

En concreto, a 31 de diciembre de 2022 constaba que todavía quedaban pendientes de cobro 2.915.240 euros de 2016, otros 1.099.206 euros de 2015, 1.734.763 de 2014 o 1.376.082 de 2013. También hay importes adeudados entre los ejercicios de 2008 y 2012 que van desde los 83.557 euros del primero a los 850.105 del último. En ejercicios más recientes, los importes aún por cobrar son menores que entre 2013 y 2016, salvo 2021, del que quedan 1.387.166 euros

Este impuesto grava las transacciones de bienes inmuebles, sea por herencia o por compraventa

Fuentes municipales señalaron al respecto que se trata de “deudas pendientes que están en procedimiento de recaudación o suspendidos porque están recurridos y avalados”.

Asimismo, precisaron que este gran importe no afecta a las cuentas anuales de la Paeria porque se provisiona siguiendo los criterios que determina la Sindicatura de Comptes de Catalunya para estos casos. Los cuatro años que concentran buena parte de la deuda, entre 2013 y 2016, coinciden con el periodo en el que era aplicable una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de mayo de 2017 que determinó que los ayuntamientos no podían cobrar la plusvalía si la vivienda no se había revalorizado y anulaba parte de los artículos de la ley de Haciendas Locales que regulaban este gravamen. Eso generó un gran número de recursos de contribuyentes que estaban tramitando este impuesto o que lo habían liquidado dentro de este periodo máximo de cuatro años.

En julio de 2018, el Tribunal Supremo (TS) dictó una sentencia que concluía que el contribuyente estaba obligado a demostrar que su inmueble había sufrido una pérdida de valor para no tener que pagar la plusvalía, pero en octubre de 2021 el Constitucional acabó suprimiendo este impuesto al anular las bases legales para aplicarlo. Eso llevó al Gobierno central a aprobar un mes después una nueva regulación para restablecerlo, solucionando así el vacío legal. De la magnitud de los importes adeudados da idea que el presupuesto inicial de 2016 preveía recaudar 6,8 millones por este concepto, por lo que los 2,9 millones pendientes suponen el 42%.

Y lo que queda por cobrar de 2015, 2014 y 2013 representa el 16%, el 27% y el 26,8%, respectivamente, de las previsiones iniciales.