SEGRE

VIVIENDA NORMATIVA

El Govern acuerda limitar el precio del alquiler en 10 municipios de Lleida

Solo falta la ratificación del Estado, pero los API y promotores recurrirán a la justicia

Vista panorámica de parte de la ciudad de Lleida, uno de los 10 municipios de Ponent declarados con mercado residencial tensionado.

Vista panorámica de parte de la ciudad de Lleida, uno de los 10 municipios de Ponent declarados con mercado residencial tensionado.S.E.

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La Generalitat ha acordado limitar el precio del alquiler en 140 municipios de Catalunya con el mercado residencial tensionado, 10 de Lleida (la capital, Balaguer, Cervera, Guissona, Mollerussa, La Seu d'Urgell, Solsona, Sort, Tàrrega y Tremp). El Gobierno central debe dar su visto bueno para que se pueda aplicar, y API y promotores están en contra.

El Govern firmó ayer la memoria definitiva de la ley de Vivienda que prevé limitar el precio del alquiler en 140 municipios de Catalunya, diez de ellos en Lleida, después de resolver las 46 alegaciones rescibidas a la declaracion de estas zonas de mercado residencial tensionado. Las poblaciones leridanas en las que se prevé la limitación son Lleida ciudad, Balaguer, Cervera, Guissona, Mollerussa, La Seu d’Urgell, Solsona, Sort, Tàrrega y Tremp. La Generalitat tenía previsto enviar ayer mismo la memoria al ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ahora, el Gobierno central debe dar su visto bueno para que la ley aprobada el pasado mes de mayo en el Congreso se pueda empezar a aplicar en Catalunya. La consellera de Territorio, Ester Capella, confía en que sea este mismo mes de agosto.

Una vez el Ejecutivo español responda, la vigencia de la declaración de zona tensionada será de tres años y se podrá prorrogar por anualidades. La normativa sitúa en el 2% el aumento máximo para este año y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC y que evite incrementos desproporcionados. El presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Lleida, Josep Maria Esteve, aseguró que están “totalmente en contra de esta ley” y consideró que el mercado es libre y no se puede regular.

Atribuyó la normativa a presiones del Sindicat de Llogaters y la Plataforma de Afectados por a Hipoteca y anunció que administradores, promotores y expertos inmobiliarios han constituido un lobby y prevén presentar una demanda contra le ley en septiembre. Al respecto, Capella espera que si se presentan demandas los tribunales valoren “los derechos que están en juego”.Asimismo, Esteve consideró que se han definido “sin ningún criterio ni muestra de mercado” los 10 municipios de Lleida considerados zonas tensionadas. “Que excluyan Vielha y salga Sort no tiene sentido. Y Tàrrega, Balaguer y Mollerussa, ¿están tensionadas a nivel de alquiler? ¿De dónde han sacado las estadísticas”, apuntó.

Baja de 10 a 5 el número de pisos para ser gran tenedor

El departamento de Territorio ha incluido como novedad en la memoria de la ley de Vivienda la reducción de 10 a 5 del número de inmuebles para ser considerado gran tenedor.La consellera Ester Capella afirmó que con esta medida habrá más pisos de alquiler asequible. “Estábamos analizando si aprovechábamos que la ley estatal lo permite y hemos detectado que esta opción pone en el mercado de alquiler asequible muchas más viviendas”, argumentó.

Según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, un 7,7% de todos los pisos de alquiler son de pripietarios que tienen entre 6 y 10 viviendas. Territorio también ha dejado fuera de la definición de gran tenedor a los promotores de alquiler social, aunque precisó que sí se considerarán los que se dediquen solo a la venta de vivienda. Capella defendió que el despliegue de la ley estatal de Vivienda por parte del Govern “no es una contradicción” con el hecho de que el grupo parlamentario de ERC registrara hace una semana una propuesta de resolución que apuesta por recurrir la normativa. “Catalunya defenderá sus competencias hasta el final para aplicarlas”, recalcó, y admitió que le habría gustado más que la ley catalana hubiera seguido en vigor porque “daba respuesta a la emergencia de materia de contención de renta”.

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