La Sareb aprueba un centenar de alquileres sociales en Lleida en un año

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tiene un total de 4.740 viviendas destinadas a alquiler social en Catalunya en las que viven unas 15.200 personas vulnerables. Lo han explicado este jueves el presidente de Sareb, Javier Tores, y el director de Vivienda Social y Asequible y RRII, Pau Pérez, en un encuentro con periodistas. La compañía ha aprobado 3.200 alquileres sociales en Catalunya en el primer año del 'Programa de Alquiler Social y Acompañamiento' y, el resto de viviendas, 1.540, son aquellas que tiene cedidas a administraciones públicas con fines sociales.

Por provincias y sin contar los convenios con las administraciones, en Barcelona han aprobado unos 2.400 alquileres sociales; en Girona, unos 400; en Lleida, unos 100 y en Tarragona, unos 300. Torres ha explicado que el 57% del perímetro social de Sareb se encuentra en Catalunya. En el conjunto de España, Sareb tiene 13.300 viviendas dentro del programa de alquiler social, en las que viven unas 28.000 personas vulnerables.

El programa

El programa comienza con el acercamiento a las personas que residen en las viviendas que Sareb tiene habitadas de manera irregular con diferentes casuísticas: desde familias que no tienen contrato de alquiler hasta algunas que sí que lo tienen, pero con operadores antiguos. La compañía, con coordinación con los servicios municipales, analiza el grado de vulnerabilidad de los habitantes y les propone participar en el programa mediante la firma de un contrato de alquiler social cuya renta mensual no puede superar el 30% de sus ingresos. Si las familias entran en el programa, también deben comprometerse a participar en un Programa de Acompañamiento Social y en un Programa de Inserción Laboral.

Los beneficiarios de este programa son, en un 73%, familias nucleares y monoparentales con un promedio de dos menores a su cargo y, en un 17%, familias que tienen al menos una persona con discapacidad a su cargo. Unas 1.660 viviendas están habitadas por personas que o no son vulnerables o que deciden no colaboran en el programa de Alquiler Social y Acompañamiento de Sareb y, en estos casos, la estrategia de la compañía para la recuperación de las casas es por la vía judicial o amistosa.