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TRIBUNALES SENTENCIA

Perdonan una deuda de casi un millón a una pensionista que avaló a su hijo

Le aplican la ley de la Segunda Oportunidad, que ha beneficiado a 500 leridanos

Vista de la seu dels jutjats de Lleida a l’edifici del Canyeret.

Vista de la sede de los juzgados de Lleida en el edificio del Canyeret. - SEGRE

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El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lleida ha perdonado cerca de un millón de euros de deuda a una pensionista que avaló a su hijo. Los expertos calculan que más de medio millar de leridanos se han beneficiado de la Ley de la Segundad Oportunidad desde 2015 mientras los concursos de particulares no dejan de aumentar.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lleida ha perdonado una deuda de cerca de un millón de euros a una vecina del Segrià que avaló personalmente un préstamo que solicitó su hijo para llevar a cabo una promoción inmobiliaria que no llegó a terminarse por la crisis de la construcción. Así, el juez exonera a la mujer, de 78 años y clienta de Bergadà Asociados, del pasivo insatisfecho , concretamente de 983.857 euros, al aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad. La beneficiaria había dedicado la mayor parte de su vida a las tareas del campo y la ganadería como autónoma y regentó un negocio familiar junto a su marido. Decidió avalar un préstamo de unos 350.000 euros solicitado por uno de sus hijos para llevar a cabo una promoción inmobiliaria de 10 viviendas. En 2007, con el inicio de la crisis, la promoción no se terminó y tampoco pudo cumplir con las obligaciones que había contraído. “Quisimos renegociar con el banco, pero no fue posible”, lamentó la mujer. “Su situación era muy crítica y desesperante”, expone la socia fundadora del despacho ubicado en Agramunt y abogada que ha llevado el caso, Marta Bergadà.

“Hay que indicar que pese a vender todo el patrimonio para cubrir la deuda, esto fue insuficiente”, puntualiza Bergadà, que recuerda que “las llamadas del banco fueron constantes”. Finalmente, el pasado octubre el juez emitió el auto en el que perdonaba la elevada deuda. “Perdimos todo lo material que teníamos, pero ahora podré vivir tranquila lo que me quede de vida”, concluye la beneficiaria. Cabe recordar que el pasado mayo, el Juzgado de lo Mercantil de Lleida exoneró más de un millón de euros a un camionero de la capital del Segrià después de diez años de embargos tras avalar a una empresa de la que era socio al aplicar la Segunda Oportunidad.

Los concursos de particulares se han duplicado en dos años en Lleida

Los expertos calculan que más de medio millar de leridanos se han beneficiado de la Ley de la Segunda Oportunidad. Una cifra que se ha disparado en los últimos años. Así lo muestran las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, los concursos de acreedores de particulares se han duplicado en lo que va de año respecto a los presentados en 2021. Según el CGPJ, hasta el segundo semestre de 2023 los juzgados leridanos registraron 198 concursos de personas físicas no empresarias, una cifra que supera a las de todo el año pasado, que fueron 124. En 2021 fueron 70; 68 en 2020; 59 en 2019 y 28 en 2018. Los expertos señalan que la Ley de la Segunda Oportunidad aún sigue siendo desconocida por muchas personas que podrían beneficiarse, aunque están aumentando los casos solicitados de exoneración de las deudas. Actuar de buena fe, no tener antecedentes por delitos socioeconómicos, ser insolvente y no haber sido exonerado antes de cinco años, son los principales requisitos para poder acceder a estos procedimientos. Incluso ya se han dictado autos en los que los tribunales están reduciendo cuotas de la hipoteca al aplicar la ley, con una sentencia en Lleida en septiembre, como publicó SEGRE. Según un estudio de Saldados recogido por Cinco Días, el perfil del beneficiario de la exoneración es la de un hombre de 50 años que arrastra una deuda de 250.000 euros. Según el informe, el 90% tienen como principal acreedor al sector bancario.

La reforma de la ley limita la exoneración de la deuda pública

La reforma de la ley de la Segunda Oportunidad, que entró en vigor el mes de septiembre del año pasado, recoge una exoneración de las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, pero las limita a un máximo de 10.000 euros para cada organismo. Antes de la reforma, la ley no contemplaba ningún límite en este sentido por lo que los juzgados solían conceder también el perdón de la deuda pública. Tras la entrada en vigor, los expertos solicitaron la exoneración plena y varios tribunales han llevado el asunto al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para que se incluya el perdón del crédito público. El tribunal europeo aún debe pronunciarse al respecto.

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