ERC quiere “blindar” la amnistía y Junts eleva a 1.400 los beneficiados

El gabinete jurídico de la Generalitat está revisando el redactado de la ley de amnistía para comprobar que el texto tenga “seguridad jurídica”. Así lo explicó ayer la portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja. “Es importante que el articulado y el texto esté revisado al milímetro para no dejar ningún agujero a nadie, ya sea a los partidos de derecha y de extrema derecha y a los jueces”, precisó tras el Consell Executiu. Pese a que no quiso entrar al detalle de la letra pequeña de la ley, afirmó que esta debe cubrir, además de al expresident Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, “a todas las personas que han sufrido alguna persecución por el simple hecho de ser independentista”. Esquerra, que evitó firmar la proposición de ley que el PSOE registró en solitario el lunes en el Congreso, también se encuentra estudiando a fondo el texto, puesto que ya expresó sus dudas sobre el alcance de la medida de gracia en los casos relativos al Tsunami Democràtic y los doces miembros de los CDR acusados de terrorismo.

En cualquier caso, Plaja celebró que finalmente “todos se hayan unido a la vía de la negociación”, en alusión a Junts, y dijo que la ley es “fruto de un entendimiento” entre Aragonès y Sánchez, que lograron “desencallar” el acuerdo con una llamada telefónica. Por su parte, secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmó que su formación no rubricó el proyecto de ley de la medida de gracia porque el PSOE les pidió que preferían hacerlo ellos en solitario: “Nosotros ya la teníamos firmada, pero nos pidieron que o todos o sólo ellos”. En este sentido, aseguró que ellos no presentarán enmiendas porque el texto “ha costado mucho pactarlo” y cumple “todas las expectativas de su partido”. Sobre el hecho de que no se incluya el termino lawfare, consideró que no aparece porque no es un concepto penal sino político pero que en el artículo 1 de la ley se incluyen hechos vinculados a la persecución judicial por motivos políticos.Con respecto a los beneficiados por la medida de gracia, Turull no quiso aventurarse a marcar una cifra, pero señaló que “teniendo en cuenta a toda la gente perseguida de una manera u otra, a nivel penal, administrativo o contable, por haber colaborado o participado en el movimiento independentista” la cifra que barajan desde Junts se acerca a la marcada por Òmnium, que en septiembre fijó en unas 1.400 personas los represaliados por el procés. Un número que queda muy lejos de los 400 que se prevén desde el PSOE. Mientras, desde la CUP cargaron contra ambos partidos tildando los acuerdos de investidura de “pacto de rendición” y acusa a ERC y Junts de “abandonar la vía independentista”.