ESNOTICIA
Sesenta leridanos se beneficiarán de la ley de amnistía en un plazo de 4 meses
Cuatro políticos y decenas de manifestantes, casi todos acusados de desórdenes
Imagen de una de las protestas por la sentencia contra los líderes independentistas en octubre de 2019 en Lleida.
Sesenta leridanos se beneficiarán de la ley de amnistía en un plazo aproximado de cuatro meses. Se trata de 4 políticos –dos exalcaldes, una exmiembra de la Mesa del Parlament y la actual consellera de Exteriores– y decenas de manifestantes, casi todos acusados de desórdenes públicos por protestas, la mayoría tras la sentencia del 'procés'.
Unos 60 leridanos se beneficiarán de la ley de amnistía en un plazo aproximado de 4 meses. Se trata de los exalcaldes Bernat Solé y Miquel Serra, la exmiembra de la Mesa del Parlament Ramona Barrufet, la actual consellera de Exteriores, Meritxell Serret, y decenas de manifestantes, casi todos acusados de desórdenes públicos por su participación en protestas relacionadas con el ‘procés’.
La mayoría, 42, fueron imputados por su implicación en los disturbios que provocó la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas en octubre de 2019. También se beneficiarán cinco CDR de La Seu d’Urgell acusados de cortar la carretera N-260 en junio de 2019 y otros 4 de Balaguer imputados por un sabotaje que no tuvo incidencias en la línea del AVE entre Lleida y Juneda.
La ley habría beneficiado también a 11 activistas que fueron juzgados por las protestas que se registraron ante la subdelegación del Gobierno en Lleida cuando fue detenido Puigdemont en Alemania en marzo de 2018, pero fueron absueltos por la Audiencia de Lleida en una sentencia que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Del mismo modo, 18 leridanos que fueron imputados por el corte en La Jonquera en un acto organizado por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 fueron exculpados por una jueza de Figueres. La ley de amnistía beneficiará también a un policía acusado de agredir al manifestante Enric Sirvent en la Mariola durante el referéndum del 1 de octubre. Varios agentes más han sido exculpados por jueces de Lleida.
La norma tendría que entrar en vigor en dos meses tras el registro de la proposición de ley en el Congreso, según acordaron el PSOE y Junts. Sin embargo, la reforma promovida ayer por el PP en el Senado (ver página 5) paralizará la tramitación otros dos meses. Aunque es prácticamente seguro que la ley será recurrida ante el Tribunal Constitucional por PP y Vox, esta circunstancia no impedirá que entre en vigor, ya que un recurso de inconstitucionalidad solo suspende una ley si lo interpone el gobierno, lo que no será el caso.
