La nueva ley universitaria obliga a la UdL a contratar a 79 docentes más

La aplicación de la ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU) obligará a la Universitat de Lleida (UdL) a contratar a partir del próximo curso a un mínimo de 79 profesores más para adaptarse a sus parámetros de dedicación docente. La nueva ley establece que el personal docente investigador (PDI) debe tener una dedicación docente de entre 120 horas y un máximo de 240 por curso, cuando ahora el tope está fijado en 360. El rector de la UdL, Jaume Puy, detalló que esto equivale a que necesitarán cubrir unas 5.000 horas de docencia, lo que equivale a 28 profesores lectores más.

La ley también fija en 180 horas el límite de la docencia por curso para los profesores lectores, cuando ahora es de 210, con el fin de que, según señala en su artículo 78, “la actividad docente resulte compatible con el desarrollo de tareas de investigación para atender a los requerimientos para su futura acreditación”. Esto comporta que harán falta otros 9 para impartir un total de 1.650 horas.Y por último, la LOSU establece que los profesores asociados no pueden dar más de 120 horas de clase, cuando actualmente algunos dan 180. Como el número de asociados en la UdL es muy elevado, este hecho conlleva que quedarán pendientes de cubrir 7.600 horas, lo que equivale a 42 docentes lectores, por lo que la suma total de los que habrá que contratar es de 79. La UdL cuenta con unos 1.500 profesores entre los campus de Lleida y el de Igualada, de los que casi la mitad son asociados.

Jaume Puy destacó que esta situación obliga a afrontar una gran inversión en profesorado, lo que obliga a disponer de una financiación que de momento no existe. La LOSU no la incluye y su disposición final décima indica que “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica, el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de ley del estatuto de personal docente e investigador universitario”. El problema es que este periodo ha coincidido con todo el proceso electoral y el posterior periodo de provisionalidad hasta la investidura de Pedro Sánchez, y de momento el Gobierno central no ha presentado ningún proyecto. “Es necesario que haya la financiación de los contratos necesarios para adaptarnos a la ley”, concluyó el rector de la UdL.