Admite que se apropió de 454.800 € de su empresa por deudas de juego

J.G.R. admitió ayer ante la Audiencia de Lleida que entre los años 2013 y 2019 desvió 454.800 euros de la empresa agrícola de la que era gestor administrativo integral a sus cuentas particulares “para pagar deudas de juego”, y añadió que tenía un problema de “ludopatía”. De hecho, cuando fue descubierto por la empresa, firmó un documento notarial reconociendo la deuda y ofreció bienes personales para hacer frente a ella. Sin embargo, no ha devuelto nada, por lo que la empresa presentó una querella por la vía penal.

La Fiscalía, que inicialmente solicitaba una condena de seis años de prisión por un delito de apropiación indebida, rebajó su petición a un año al considerar que se deben aplicar las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño. En cambio, la empresa, que ejerce la acusación particular, pidió una condena de seis años de cárcel. En ambos casos, reclaman que devuelva el dinero del que se apropió. Por su parte, la defensa pidió la absolución al considerar que se trata de un tema civil o, subsidiariamente, que sea condenado a seis meses de cárcel. Las transacciones tuvieron lugar de 2013 a 2019. Concretamente, está probado que en 2013 se quedó con unos 59.300 euros, en 2014 desvió 62.800, en 2015 fueron 54.000 euros, en 2016 llegó a apropiarse de 65.930, en 2017 de otros 77.000 euros, en 2018 la suma ascendió a 82.000 y, finalmente, de otros 53.500 euros en 2019. En el juicio declaró el responsable de la empresa, que afirmó que no se dieron cuenta porque el acusado era un empleado de “confianza”, ya que llevaban 30 años trabajando juntos, concretamente desde 1987.

Sobre la mecánica para desviar el dinero, el empresario explicó que el acusado duplicó pagos de la empresa de nóminas y otros conceptos. Tras ser descubierto, en octubre de 2019, firmó un reconocimiento de deuda en el que se comprometía a devolver el dinero en el plazo máximo de un mes. No lo hizo. También constituyó una hipoteca a favor de la empresa de un piso y terrenos, que según la defensa estaban valorados en 468.000 euros. La acusación dice que no hubo ningún pago.