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TRIBUNALES JUICIO

Dos médicos avalan a la acusada por transfundir sangre a un Jehová

Dicen que no había tratamiento alternativo porque el paciente estaba crítico

La acusación pedía 3 años de cárcel para la doctora pero el juez no se lo permitió

El judici s’ha celebrat al jutjat Penal 2 de Lleida.

El juicio se ha celebredo en el juzgado de lo Penal 2 de Lleida. - A. GUERRERO

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El juicio contra la doctora del Arnau de Vilanova acusada de hacer transfusiones de sangre a un testigo de Jehová que las rechazó por sus creencias quedó ayer visto para sentencia tras tres sesiones. Ayer fue el turno de tres peritos propuestos por la defensa –dos doctores expertos en urgencias y una médico forense y psiquiatra- y de las conclusiones de las partes en la que destacó que la acusación particular propusiera, una vez elevadas a definitivas sus conclusiones, que la petición de condena para la acusada pasara de los 15 meses a los tres años de prisión, pero el juez, acorde a la legislación, no lo permitió.

Los dos médicos consideraron que la actuación de la acusada fue la correcta. “Era un paciente que presentaba una anemia crítica y aguda que ya presentaba insuficiencia renal y otros síntomas, lo que indicaba que la transfusión de sangre era indicada desde el inicio”, dijo Adolfo Díez Pérez, profesor de Medicina de la UAB y que ha ostentado diferentes cargos en hospitales como Clínic, Bellvitge y del Mar de Barcelona y con 50 años de experiencia. Añadió que la transfusión “era ineludible y no había tratamiento alternativo porque no habría surtido efecto”. “Estaba a 4,2 de hemoglobina cuando los valores normales son de 15”, afirmaron tanto él como Antoni Betbesé, jefe clínico del Sant Pau. Sobre si se le pudiera haber hecho una gastroscopia sin necesidad de transfusión, ambos lo descartaron porque “lo primero que debían hacer era estabilizarle y solo podía solucionarse, con los parámetros que había, con las transfusiones”. Por su parte, Esperanza L. Gómez-Durán, médico forense y psiquiatra, consideró que “hubo buena praxis”. Señaló que la transfusión se alargó durante seis horas y, tanto en ese tiempo como en los días de ingreso, “podría esperarse una reacción de ansiedad que no he detectado en las anotaciones clínicas”.

En las conclusiones, la letrada de la acusación particular afirmó que la facultativa actuó “con una asistencia médica coercitiva, impuso su tratamiento e impidió que el paciente ejerciera su derecho a la autodeterminación”. También añadió que “fue cruel con el paciente porque le hizo creer que iban a respetar su decisión de que no le transfundieran”. Asimismo, sostuvo que hubo dolo “porque hubiera bastado con dos transfusiones e hizo hasta cuatro”.

Fiscalía destaca que el testigo no firmó el rechazo del tratamiento

La Fiscalía y la defensa, que piden la absolución, mantuvieron que la acusada no incurrió en ningún delito. Cabe recordar que el denunciante pide un año y tres meses de prisión y dos de inhabilitación por los delitos de coacciones, contra la integridad moral y lesiones. La fiscal aseguró que “el paciente estuvo perfectamente informado en todo momento y no quiso firmar el rechazo porque no quería morir”. También recordó que había una familiar que autorizó la transfusión.

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