Multa de 24.000 € por contrataciones ilegales de las que fue exculpado

“Estoy viviendo una pesadilla desde hace años y ya no sé qué hacer”, afirma Carlos Pinto, un leridano de 33 años que el martes inició una protesta delante de la sede la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en Cappont. La pesadilla de Carlos Pinto empezó en el año 2015 cuando le comunicaron que estaba siendo investigado por la contratación irregular de personas extranjeras para que estas, posteriormente, cobraran subsidios y prestaciones. “Descubrí que habían utilizado mi documentación y, supuestamente, tenía contratadas a 14 personas en un bar. Era falso”, comenta. Se abrieron dos procesos, la vía penal y la vía administrativa, llegando incluso a declarar como detenido por la Policía Nacional. La causa penal contra él quedó archivada, por lo que fue exculpado. Pinto indica que “el abogado que tenía me dijo que al ser eximido estaba todo resuelto y que me devolverían el dinero embargado”. No era cierto, la vía administrativa, pese al archivo de la causa penal, siguió su curso y le sancionaron por una infracción muy grave con 24.000 euros que, con los recargos por no abonarla, asciende en estos momentos a casi 40.000 euros.

Su actual abogada explica “hemos presentado un escrito de alegaciones y un recurso extraordinario, con objeto de reabrir el expediente sancionador para su revisión. Ambos han sido denegados por ser presentados fuera de plazo y estando el expediente archivado”. Añade que “actualmente está siendo sancionado desde la administración por unos hechos de los que penalmente no ha sido declarado responsable” y que “la aplicación estricta de los plazos administrativos está impidiendo que a fecha de hoy se abra una vía de justicia social para mi cliente”. 

El afectado, que actualmente es autónomo, asegura que “tengo embargos y para poder seguir trabajando e ingresando estoy abonando 200 euros al mes para pagar la multa”. Ante ello, estudia llevar el caso a los tribunales. Carlos Pinto afirma que continuará a diario con la protesta. Por su parte, desde la Inspección de Trabajo y la Subdelegación del Gobierno rechazaron hacer valoraciones al respecto.