El Govern multa a seis grandes tenedores de pisos de Lleida por no ofrecer alquiler social

El Govern ha impuesto 6 sanciones a 6 grandes tenedores para no ofrecer alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión residencial en las comarcas de Lleida. Lo ha hecho por medio de la Agencia Catalana del Consumo por un importe global de 125.000 euros. Estos son datos que se extraen del Balance del primer año del Programa de refuerzo para velar especialmente por el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 1/2022 de 3 de marzo. Consumo ha abierto un total de 36 expedientes y Mollerussa, con 10, es el municipio que ha registrado más. La actividad inspectora de la Agencia en este ámbito ha aumentado un 779% en el último año. Por toda Catalunya se han impuesto 246 sanciones a 79 grandes tenedores por un importe de 6,07 millones de euros.

La implantación, en enero de 2023, de este Programa impulsado por el Govern, posibilitó la incorporación de 19 profesionales en los servicios de la Agencia Catalana del Consumo, actuación que ha permitido incrementar de manera exponencial la actividad en este ámbito.

En las comarcas de Lleida, tras el levantamiento de la suspensión cautelar del artículo 5 de la Ley 24/2015 de medidas para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, Consumo ha alcanzado los 36 expedientes abiertos para incumplir la obligación legal de ofrecer alquiler social, de los cuales, hasta el momento, ha resuelto 6 con sanciones graves, con multas de hasta 30.000 euros por expediente. Por municipios, Mollerussa, Lleida y Tàrrega son los que más expedientes abiertos acumulan por posibles incumplimientos de la normativa, con 10, 7 y 6, respectivamente. Con respecto a la actividad por toda Catalunya, en concreto, desde la puesta en marcha del Programa de refuerzo, la Agencia ha hecho 1.609 actuaciones inspectoras, cifra que significa un aumento del 779% con respecto al total de inspecciones desde 2020 (183), después el levantamiento de la suspensión cautelar del artículo 5 de la Ley 24/2015 de medidas para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Con relación a los expedientes sancionadores, Consumo ha abierto 1.087, un 600% más que en el periodo de 2020 a 2022 (155), y ha resuelto con sanción 168, un 115% más con respecto a los resueltos antes de la aplicación del Programa de refuerzo (78).