Funcionarios bloquean la cárcel de Lleida y los presos, confinados en sus celdas

Funcionarios de la cárcel de Ponent bloquearon ayer el acceso al centro para exigir dimisiones en la cúpula de la conselleria de Justicia por el asesinato de una cocinera en Mas d'Enric y denunciar la falta de medidas de seguridad. Los reclusos no pudieron salir de sus celdas en todo el día mientras la Generalitat pide a los sindicatos negociar.

Los funcionarios de la prisión de Lleida bloquearon ayer los accesos al centro para exigir a la conselleria de Justicia “responsabilidades” y “dimisiones” en la dirección tras el asesinato de una funcionaria a manos de un interno en la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona. Tras la movilización del jueves, la plantilla levantó el tono al considerar que la Generalitat “los ningunea” y “la situación es insostenible”, por lo que reclaman un cambio para darles más seguridad tras señalar que llevan años denunciando el aumento de las agresiones a los trabajadores de las prisiones. El bloqueo se replicó en otras cárceles catalanas y se suspendió a última hora de anoche, sin descartar nuevos actos de protesta inminentes, después de que la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, descartara dimitir.

Fuentes sindicales señalaron que ayer hubo 14 funcionarios (los del turno de noche estuvieron hasta el mediodía) mientras que los reclusos no pudieron salir de sus celdas. Desde Justicia señalaron que estaba garantizado el servicio de alimentación y atención médica. A la hora de comer, los funcionarios permitieron la entrada de 12 compañeros para reforzar el turno de la comida y por la tarde se relevó con otros 14 a los del turno de noche. Representantes de CCOO y UGT denunciaron la falta de “condiciones de seguridad necesarias” y que la prisión de Lleida está “antigua y obsoleta”, además de la falta de personal para más de 600 reclusos. Después de que los sindicatos plantaran a la consellera en una reunión que se había convocado al mediodía, Ubasart compareció junto al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, cuya dimisión también exigen los funcionarios. “Dimitir sería seguramente la decisión más fácil, pero no la más acertada”, señaló la consellera al tiempo que dijo que la cúpula de Justicia y de los servicios penitenciarios tienen la “responsabilidad y obligación” de gestionar la crisis. Por eso, pidió a los sindicatos que dialoguen para poner fin a la “complicada” situación que se vivió ayer en las prisiones catalanas y sin saber si se mantendrá durante el fin de semana, cuando se producen las comunicaciones familiares. Los sindicatos señalaron que están dispuestos a la negociación, pero con un cambio de interlocutores, al considerar que Ubasart y Calderó “no son válidos” para ellos. Asimismo, pidió restablecer el funcionamiento normal de las prisiones, ya que ayer 5.000 internos de seis de los 9 centros de Catalunya no pudieron salir de sus celdas. Ayer se supo que el asesino de Mas d’Enric había sido expedientado por agredir a otro recluso.

El adelanto electoral frena los trabajos para la nueva prisión

La convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya, para el próximo 12 de mayo, frena los trabajos para estudiar posibles ubicaciones en caso de que Justicia decida construir una nueva prisión en Lleida. Los presupuestos solo contemplaban un paquete para hacer reformas en el Centre Penitenciari de Ponent pero no la construcción de un nuevo centro. Esta opción, en caso de ser la elegida por la administración catalana, deberá esperar a la formación de un nuevo Govern de la Generalitat. Cabe recordar que Ponent es la segunda prisión más antigua de Catalunya. De hecho, la necesidad de reformas y modernización es una de las reivindicaciones de los funcionarios.