Perdonan una deuda de 130.000 euros a un vecino de Lleida que se arruinó a raíz de la pandemia

El Juzgado de Primera Instancia (mercantil) número 6 de Lleida ha perdonado una deuda de 129.186,53 euros a un vecino de la capital del Segrià que se vio afectado directamente por la pandemia del Covid-19, ya que llegó a perder al 90% de los clientes de su consultoría de empresas y no pudo hacer frente a las pólizas e ICO que había solicitado para salvarla.

En cuanto a los hechos, se puede señalar que la situación de insolvencia de la mencionada persona se debió a una serie de factores que se fueron acumulando a lo largo de su trayectoria profesional y que se agravaron significativamente por la pandemia del coronavirus y la pérdida significativa de su cartera de clientes.

En este sentido, el hombre empezó su carrera empresarial en abril de 2005 y, durante los siguientes 16 años, operó a través de su propia sociedad, de la cual era el único socio y administrador de la cual. Esta empresa se convirtió en su principal fuente de ingresos y base de clientes. Uno de los momentos más críticos de su situación se produjo con la pandemia del Covid-19, que golpeó la economía global en el 2020.

De hecho, la paralización de la actividad empresarial durante muchos meses generó una fuerte tensión económica en la víctima, que luchó por mantener sus finanzas en orden. Asimismo, la pérdida de clientes fue otra vez significativo para él.

La mayoría de ellos, que eran pequeñas y medianas empresas, fueron adquiridos o fusionados por grandes grupos empresariales durante la pandemia. Estos grupos ya tenían sus propios equipos consultores, lo cual se tradujo en una pérdida del 90% de su cartera de clientes y, en consecuencia, de sus ingresos regulares. Finalmente, decidió cerrar la empresa y dar de baja a la sociedad el año 2021. "En aquel momento, me reuní con la entidad bancaria para encontrar una solución, pero me dijeron que la póliza ICO que había solicitado finalizaba en octubre de 2023 y que esperara hasta entonces para ver qué sucedía, aunque yo le decía que quería resolver la deuda", recuerda.

Asimismo, añade que "tenía una hipoteca y sabía que podía hacer disposiciones, pero no me las aceptaron y el mismo banco me aconsejó esperar para encontrar una solución. En septiembre de 2023, un mes antes de la renovación del ICO, me puse en contacto y ya me sentí totalmente desatendido, ya que la única manera de contactar era a través de correo electrónico y no me ofrecían ninguna solución."

No obstante, a pesar de sus esfuerzos e intentos de negociación para unificar los créditos, llegó un punto en el cual se vio imposibilidad para seguir pagándolos, ya que las pólizas solicitadas para la sociedad se habían transformado en créditos personales que adquirieron un corto plazo de devolución, por lo cual le fue imposible asumir las cuotas. Además, tenía que hacer frente a las mensualidades de la hipoteca y a los gastos básicas de su familia. "Me exigían una cuota de 500 euros mensuales que no podía asumir. Yo quería pagar, pero una cantidad menor y no atendieron mi petición", puntualiza.

Después del cierre de la empresa, en mayo de 2021 aceptó un trabajo de dirección en una empresa privada, ya que tenía un plazo definido y finalizó en marzo de 2023, cuando se volvió a quedar sin trabajo y teniendo que enfrentarse a los desafíos económicos. De hecho, "esta situación le repercutió gravemente en su estado de salud y, hoy día, todavía se encuentra en tratamiento psicológico", expone a la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà.