El mosso investigado alquiló la nave donde iban los 620 kilos de cocaína

S.O.M, el agente de los Mossos d’Esquadra detenido el martes en un operativo de la Policía catalana y de la Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico, alquiló a su nombre la nave donde iba destinado el rotor de 12 toneladas procedente de Panamá en el que hallaron 620 kilos de cocaína –valorada en 22 millones de euros–, según ha podido saber este periódico. Cabe recordar que el rotor fue interceptado en el puerto de Barcelona y lo abrieron en una nave del polígono El Segre bajo fuertes medidas de seguridad, por lo que no llegó al almacén de su destino. Las pesquisas por este alijo –el mayor que se ha intervenido en Ponent– derivaron en una investigación paralela sobre S.O.M. que ha acabado con su arresto por blanqueo de capitales. Es una investigación conjunta entre Mossos, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Sin embargo, la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos ya había investigado en otras ocasiones al agente por su presunta relación con delincuentes, según indican fuentes solventes. De hecho, en 2015 fue suspendido 15 días de empleo y sueldo por pasar información de archivos policiales (ver SEGRE del jueves). Al parecer, incluso sospecharon que había pasado información de narcoasaltos.

El agente quedó en libertad con cargos el miércoles tras pasar a disposición judicial. El juez le retiró el pasaporte y le prohibió la salida del país con la obligación acudir periódicamente al juzgado. Además de por blanqueo de capitales, la causa está abierta por falsedad documental. Por su parte, la Fiscalía solicitó que pagara una fianza de 60.000 euros, que el juez desestimó. Ha sido suspendido de empleo y sueldo. Se da la circunstancia de que se trata del agente que denunció, como testigo protegido, a mandos de los Mossos en Lleida por el 1-O, una causa que fue archivada. El fiscal y el juez le preguntaton sobre supuestas actuaciones de los mandos de los Mossos en Ponent para facilitar la celebración del referéndum, pero los investigados fueron exculpados sin que ni siquiera se celebrara juicio al determinarse que no había existido ningún indicio de la comisión de delito alguno. Fiscalía recurrió, pero la Audiencia ratificó el archivo.