Un vecino de Lleida, investigado por el expolio de tres yacimientos arqueológicos de Cáceres por el que se ha detenido a seis personas

Un vecino de Lleida, junto con otros dos de Cáceres y Valencia están siendo investigados por un supuesto delito de receptación, ya que compraron por Internet algunas piezas arqueológicas sabiendo que procedían del expolio de varios yacimientos de la zona de Cáceres.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres, han conseguido desarticular a este grupo criminal asentado en la localidad cacereña de Moraleja, dedicado al expolio indiscriminado de enclaves de gran relevancia histórica, arqueológica y patrimonial, ubicados en la provincia de Cáceres, concretamente Cáparra, Villasviejas del Tamuja y el entorno de Alcántara.

La operación, denominada Tamussia, ha concluido con la detención de 6 personas directamente vinculadas con los hechos, por la supuesta comisión de los delitos de daños continuados contra el patrimonio histórico en yacimientos arqueológicos catalogados, hurto agravado, blanqueo de capitales, receptación y pertenencia a grupo criminal, por lo que podrían enfrentarse a una pena de unos 4,5 años de prisión.

Las investigaciones comenzaron a finales del año pasado tras detectarse una gran cantidad de pequeñas excavaciones o remociones de terreno, realizadas con herramientas manuales, en el interior de los yacimientos arqueológicos de Cáparra, en el término municipal de Oliva de Plasencia (Cáceres), y de Villasviejas del Tamuja, en el de Botija (Cáceres), ambos enclaves considerados de gran interés por la relevancia de los restos arqueológicos existentes en ellos.

Los autores de los hechos, en horario nocturno y con la ayuda de sofisticados aparatos de detección metálica, realizaban un barrido sistemático del interior de las zonas protegidas con la finalidad de apropiarse de las piezas y/o objetos de interés arqueológico. Posteriormente, a través redes sociales, en grupos cerrados y especializados, ofrecían para su venta parte de las monedas expoliadas a precios muy inferiores a su valor real en el mercado legal.

Algunas de estas piezas son exclusivas de la Ceca de Tamusia, con un índice de rareza del 97% y datarían del siglo I a.C., según los informes elaborados por técnicos especializados.

Durante el transcurso de la investigación policial se pudo constatar, además, la gran actividad expoliadora de los detenidos, quienes fueron sorprendidos, en varias ocasiones, en otros enclaves de entidad arqueológica como el de Cáparra o en la zona de Alcántara. La forma en la que se realizaban las excavaciones llevaron a los agentes a determinar que se trataba del mismo grupo criminal.

La operación concluyó con el registro de dos domicilios particulares ubicados en Moraleja (Cáceres) donde, en presencia de los letrados de la Administración de Justicia, y con el apoyo de agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres y Arqueólogos de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, se procedió a la intervención aproximada de 2.500 piezas antiguas, mayoritariamente monedas, dos aparatos de detección metálica, herramientas auxiliares para el expolio y una pistola detonadora.

Todos los detenidos e investigados, siete hombres y dos mujeres, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Cáceres, según han informado este martes en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Museo de Cáceres, donde quedarán a resguardo las piezas rescatadas.

Los detalles de la operación han sido presentados por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, Adela Rueda; el teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Rafael Roldán, y el teniente jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Antonio Manuel Lucero.

Quintana ha agradecido el trabajo de los agentes y la colaboración de las instituciones para poder recuperar estas piezas arqueológicas de gran valor que "pasarán a ser de todos los españoles", ha dicho.

Reconstruir el pasado 

Por su parte, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, Adela Rueda Márquez de la Plata, ha afirmado que recuperar el patrimonio usurpado es fundamental para "reconstruir nuestro pasado, construir nuestro futuro a través del presente y seguir creando nuestra identidad".

Rueda ha afirmado que las piezas recuperadas "nos van a permitir seguir ahondando en el estudio de las civilizaciones que nos precedieron, que conforman nuestra historia y a las que, sin duda, debemos gran parte de lo que hoy somos". Asimismo, ha señalado que estos expolios carecen de todo tipo de rigor científico o de estudio en la extracción de las piezas, causando, además, la pérdida del contexto arqueológico y de la información histórica asociada a las mismas.

Igualmente, la responsable regional del patrimonio arqueológico ha reseñado que el robo y el expolio del patrimonio cultural impide la reconstrucción de los procesos de identidad que posibilitan estos restos del pasado y ha manifestado la importancia de la colaboración entre administraciones porque "proteger y preservar el patrimonio, histórico y patrimonial exige la concurrencia de todos los poderes públicos".

La Guardia Civil recuerda que el fin de los "detectoristas" o "piteros" es la localización de objetos arqueológicos ayudados por aparatos de detección metálica.

En este sentido, la ley de Patrimonio Histórico de Extremadura prohíbe la utilización de estos dispositivos para la búsqueda de restos relacionados con la prehistoria, la historia, el arte, la arqueología, sin haber obtenido previamente una autorización administrativa que motivadamente justifique su empleo.

Las investigaciones se han llevado a cabo por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, contando en todo momento con el impulso y colaboración de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Cáceres y la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, en la confección de los informes de valoración de daños e identificación de las piezas.