LLEIDA
Expulsan a siete multirreincidentes que acumulan 112 detenciones en Lleida
La Policía Nacional ha expulsado del Estado en los dos últimos años, con la correspondiente autorización judicial, a siete multirreincidentes de nacionalidad extranjera que habían sido detenidos en las comarcas leridanas. Todos ellos acumulaban 112 detenciones por delitos como robos, hurtos, asaltos con violencia y tráfico de drogas.
![Vista exterior de les dependències de la comissaria de la Policia Nacional a Lleida ciutat.](https://imagenes.segre.com/files/image_large/uploads/2024/04/10/66160c8d46ba3.jpeg)
Vista exterior de las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional en Lleida ciudad. - SEGRE
La Policía Nacional ha expulsado del Estado con autorización judicial a siete delincuentes multirreincidentes de nacionalidad extranjera detenidos en los dos últimos años en las comarcas leridanas. Según ha podido saber este diario, todos ellos acumulan un total de 112 detenciones que, en algunos casos, se remontaban a 2009. La inmensa mayoría por hurtos, robos con fuerza o con violencia y tráfico de drogas, y las detenciones fueron muchas de ellas practicadas por los Mossos d’Esquadra.
Concretamente, el año pasado se expulsó a cinco multirreincidentes en la provincia de Lleida. Uno de ellos, de nacionalidad peruana, acumulaba 25 hurtos mientras que otro, de origen indio, 16 detenciones por tráfico de drogas en solo dos años. Asimismo, se extraditó a un ciudadano albanés con ocho delitos de robos con fuerza; a un chileno con tres detenciones por robos con violencia, y a un senegalés con hasta 26 detenciones por delitos socioeconómicos desde 2021. La cifra del año pasado fue superior a la de 2022, cuando la Policía expulsó a dos multirreincidentes: un ciudadano marroquí con 22 detenciones por varios delitos (algunas de 2009) y un paquistaní con 12 antecedentes por tráfico de drogas entre 2020 y 2021. Fuentes policiales explican que en estos casos se necesita pedir una autorización judicial en todos los juzgados donde los delincuentes tienen causas pendientes y que estos deben autorizar la expulsión. En caso de que se den los requisitos, se solicita el internamiento en el CIE hasta que se liberen todas las causas. Una vez expulsado, no podrá regresar a España en 10 años. Asimismo, hay otro procedimiento que es la expulsión judicial cuando un juez competente sustituye la pena de prisión por la expulsión. En estos casos tampoco podrá regresar a España en un plazo de 5 a 10 años. Según los últimos datos del balance de criminalidad del ministerio del Interior, el 40% de los detenidos e investigados por infracciones penales en 2022 en las comarcas leridanas eran de nacionalidad extranjera. Cerca de la mitad fueron por delitos contra el patrimonio y solo el 17% eran mujeres.
Demanen més mitjans per agilitzar judicis a lladres amb antecedents
La lucha contra la multirreincidencia en los delitos de hurto y robos se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla para policías, abogados, juristas y víctimas, entre ellos los comerciantes. En agosto de 2022 entró en vigor la reforma del Código Penal para luchar contra los reincidentes por hurtos, con penas de prisión de seis a 18 meses si el acusado ha sido condenado al menos en tres ocasiones. Sin embargo, como ya publicó hace unos días este diario, la sensación entre los expertos es que, por ahora, esta reforma ha tenido poca incidencia. Cabe recordar que los Mossos tienen controlados a nueve ladrones en la ciudad de Lleida que acumulan 247 antecedentes, muchos de ellos registrados en comercios del Eix Comercial de Lleida. Una cifra que, a estas alturas del año, ya podría ser mucho mayor. Los jueces señalaron que el problema es la falta de medios, al tener que asumir una gran carga. Un juicio rápido tras una detención exige conformidad; si no la hay, la vista se señala para dentro de unos meses o más de un año. De hecho, ya se están fijando para 2025. Los expertos apuntan a la necesidad de reformar la ley para acelerar la respuesta judicial sin reducir los derechos de los investigados. Otra problemática es que la presión policial hace que los delincuentes se muevan a otras zonas. En este sentido, el pasado mes de marzo el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) reclamó la imposición de penas de uno a tres años a las personas que hayan sido condenadas antes por tres delitos de hurto sin tener en cuenta la suma del valor de los bienes sustraídos. También propuso que el robo de los teléfonos móviles pase a ser considerado de un delito leve a un delito menos grave al margen del importe del valor de este dispositivo, lo que supondría, asimismo, el endurecimiento de las penas.