La Paeria plantea multas de más de 90.000€ a tres personas por sobreocupación de pisos

El ayuntamiento de Lleida ha propuesto sancionar a tres personas con más de 90.000 euros por haber promovido la sobreocupación de al menos dos pisos de Pardinyes y Cappont. Estos tres ciudadanos serían los arrendatarios de una vivienda situada en el número 6 de la avenida València, en Cappont, que fue objeto de investigación por la Guardia Urbana, dado que sospechaban que en esta podrían vivir más personas de las que permite su cédula de habitabilidad. A raíz de varias inspección, pudieron comprobar que en ese momento había inscritas en el padrón municipal ocho personas en esa vivienda además de las tres que figuraban como arrendatarios del piso. Tras esta revisión, consultaron a l’Agència Catalana de l’Habitatge la ocupación máxima en base a su cédula de habitabilidad y les notificaron que era de 10 personas. Es decir, que el número de residentes en la vivienda, tanto los que figuran en el padrón como en el contrato de alquiler, supera en dos el máximo permitido. Meses después, en febrero de este año, agentes de la Guardia Urbana fueron a inspeccionar la vivienda, que ya estaba vacía según aseguraron los vecinos.

Paralelamente, una de las tres personas que figuran como arrendatarias también lo era de otro piso situado en el número 24 de la calle Sant Pere Claver de Pardinyes, que también fue inspeccionado por los agentes en julio del año pasado por una posible sobreocupación de la vivienda. Además del arrendatario, corroboraron que en esa vivienda vivían una veintena de personas e identificaron a 18. A raíz de estos dos casos, el ayuntamiento decretó a principios de abril identificar a las 3 personas que figuraban como arrrendatarios de estos dos pisos por ser los presuntos responsables de una infracción administrativa calificada como muy grave, que es “ser promotor y responsable de la sobreocupación de una vivienda que ponga en riesgo la seguridad de las personas”. Una infracción que puede comportar una sanción que oscilaría entre los 90.001 y los 900.000 euros, según la Ley del Derecho a la Vivienda (LDH) mientras que las consideradas como graves la cuantía de las multas va de los 9.001 a los 90.000 euros.

Un protocolo del año 2022 facilita detectar este tipo de casos

El ayuntamiento elaboró hace ahora dos años un protocolo para tramitar la declaración de sobreocupación de viviendas e incrementar el control sobre estos. El documento daba cumplimiento a un decreto de 2012 sobre condiciones mínimas de habitabilidad de los pisos y también sirvió para mejorar la coordinación entre la Paeria, Generalitat y Guardia Urbana. Este protocolo les permite actuar de oficio, si a partir de los datos del padrón se constata que se supera el máximo de ocupación de la vivienda. También se actúa a raíz de quejas o indicios que lleguen por otras vías. Si no puede llegar a ser probada esta sobreocupación, que supondría la imposición de multas de al menos 9.000 euros en los casos menos graves, se procede a dar de baja a las personas que consten empadronadas, pero que no viven en el piso, y se puede abrir un expediente sancionador al propietario por uso fraudulento del padrón.