Análisis. ¿Por qué los fiscales del Supremo no quieren amnistiar a Carles Puigdemont?
Javier Zaragoza y Fidel Cadena, dos de los fiscales del juicio pel 'proceso' en el Supremo.
¿Por qué los fiscales del Tribunal Supremo en la causa del 'procés' se han rebelado contra la amnistía a Carles Puigdemont?
Porque siguen un criterio beligerante seguido por la Fiscalía desde que el fiscal general del Estado cuando gobernaba el PP, el desaparecido José Manuel Maza, presentó una querella por rebelión.
¿Más beligerante que la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo presidida por Manuel Marchena?
Sí, porque los cuatro fiscales acusaban por rebelión y este delito fue desestimado por el tribunal de Marchena, aunque la acusación por rebelión permitió dictar encarcelamientos provisionales como los de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, o también el de Jordi Turull un día antes que fuera nombrado presidente de la Generalitat por mayoría simple en la segunda sesión de una investidura.
¿Qué alegan ahora para no amnistiar la malversación en los casos de Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Dolors Bassa y Raül Romeva?
Que hubo enriquecimiento personal y ánimo de lucro, y que hay un perjuicio financiero para la Unión Europea porque, con una eventual independencia de Catalunya, Europa habría tenido menos recursos. Que haya enriquecimiento personal y que se actúe contra los intereses financieros de la Unión Europea son dos causas para no aplicar la ley de amnistía.
¿Ha sorprendido que digan que en el 'procés' hubo enriquecimiento personal?
Relativamente, porque también la Sala de Marchena dijo que lo había habido al negarse a aplicar la reforma de la malversación aprobada por el Congreso.
Se ha dicho que el escrito de los cuatro fiscales tiene valoraciones políticas. ¿Es así?
Es así. Afirman, en un informe de 120 páginas, que el PSOE dijo en campaña electoral que estaba en contra de la amnistía y después la ha aprobado para poder gobernar. Se trata de actos políticos que en principio no tienen que ser valorados por los juristas en una resolución judicial.
¿Si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, obliga a los fiscales díscolos a pedir la amnistía de la malversación, tendrán que obedecer?
Sí. Pero probablemente no lo harán y se apartarán de la causa. De todos modos, será una batalla más en una aplicación de la ley de amnistía por parte del poder judicial que se prevé muy complicada.
