La familia de Sirvent, contra la amnistía al policía acusado por el 1-O

La familia de Enric Sirvent, el hombre que sufrió un ataque al corazón en una carga de la Policía Nacional durante el referéndum en el colegio electoral Centre Cívic la Mariola de Lleida, presentó el martes un escrito ante la Audiencia de Lleida oponiéndose a la aplicación de la ley de Amnistía al agente al que ha llevado a juicio por agresión. En el mismo sentido se ha expresado Òmnium Cultural, que ejerce la acusación popular. El tribunal pidió la semana pasada a las partes que se pronunciaran al respecto, como avanzó SEGRE.

La abogada de la familia, Anna Llauradó, afirma, entre los diferentes argumentos para oponerse a la aplicación de la medida al acusado, que “la agresión por parte del policía investigado excede del ámbito de aplicación de la ley de amnistía”. Además, argumenta que “la fuerza y la agresión ejercida contra Enric Sirvent era innecesaria y del todo desproporcionada. No obedecía a ninguno de los objetivos fijados a ese día en los cuerpos policiales. Por lo que entendemos que el supuesto de hecho, la conducta del agente investigado, sí supera el umbral mínimo de gravedad exigido por la aplicación de la ley”. Asimismo, considera que el agente actuó con motivaciones ideológicas –un agravante– ya que, según los documentos gráficos aportados en la causa, utilizó expresiones como “Puta Catalunya” y otras similares en contra de los concentrados. Ambas acusaciones solicitan que se condene al policía a tres años de cárcel por un delito de lesiones con el agravante de motivación ideológica y de prevalencia del carácter público del agente. La fiscalía, en cambio, pide su absolución en un caso en el que el juzgado de Instrucción 2 dictó dos veces el archivo con el apoyo de la Abogacía del Estado y del Ministerio Público pero la Audiencia se opuso.Por otra parte, Pau Juvillà, exdiputado y exconcejal de la CUP, que fue condenado por colocar lazos amarillos en el ayuntamiento de Lleida, ha rechazado ser amnistiado y ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos pidiendo que se condene al Estado español. La norma (más información en la página 18) beneficiará a una sesentena de leridanos.