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TRIBUNALES ENSEÑANZA

El TSJC suspende el decreto lingüístico que blinda el catalán como vehicular en la escuela

Cree que “da cobertura a acciones que pueden situar el castellano en una posición marginal”

Simó dice que el texto suspendido “es impecable”, anuncia que recurrirá y ve injerencia de los jueces

Una protesta contra el 25% de castellà als centres educatius.

Una protesta contra el 25% de castellano en los centros educativos.

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó ayer suspender el decreto de régimen lingüístico que aprobó el Govern el 14 de mayo y que fija el catalán como lengua “normalmente empleada como vehicular”. Este documento se impulsó para blindar el catalán y evitar la imposición del 25% de castellano y había sido recurrido por la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que pidió su suspensión cautelar. El TSJC recuerda sentencias sobre la necesidad de garantizar ese 25% en varias escuelas y apunta que el decreto “da cobertura a acciones educativas que pueden situar en una posición marginal el castellano en la enseñanza, ya que únicamente garantiza la posición prevalente y vehicular del catalán”.

El tribunal recuerda que este decreto desarrolla una ley y otro decreto que se promulgó en reacción a una sentencia del propio TSJC que declaraba la obligación del Govern de adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso vehicular del catalán y el castellano en porcentajes que no podían ser inferiores al 25%. De hecho, esta regulación ya ha estado cuestionada por el TSJC al Tribunal Constitucional para no garantizar una presencia mínima del catalán, petición que ha sido admitida. 

El tribunal catalán considera la regulación “lesiva para los derechos individuales de determinados alumnos, para el apoderamiento que se realiza en los proyectos lingüísticos de cada centro educativo para configurar un sistema de enseñanza sin presencia adecuada de la lengua castellana, y al haberse materializado en estas lesiones”. El TSJC cree que mantener la concepción del catalán como única lengua vehicular, “sin garantizar adecuadamente la enseñanza en castellano, se opone a los parámetros interpretativos expuestos”.

La consellera de Educación, Anna Simó, definió como “impecable” el decreto y anunció que presentarán un recurso de reposición contra su suspensión. Lamentó que determinados jueces del TSJC “escuchen más” a una asociación que el consenso social y político mayoritario en Catalunya. “En el auto se hacen apreciaciones que van mucho más allá de las esperables en un tribunal. Se extralimita en sus funciones como hace tiempo que hace”, afirmó, y añadió que “han decidido que son ellos los que deben decir cómo se ha de organizar el sistema lingüístico en la educación catalana”. 

“La labor que se quiere arrogar el TSJC corresponde al Palament y al Govern”, subrayó. Dijo que la suspensión tendrá una afectación “evidente” en los centros que el próximo curso debían adaptar sus proyectos lingüísticos. No obstante, remarcó que confían “plenamente” en la manera cómo se redactó el decreto y en que se pueda aplicar “para garantizar la igualdad de oportunidades que representa”.

Quejas por retraso en adjudicar los destinos docentes

Educación ha retrasado dos semanas la adjudicación provisional de los destinos docentes para el próximo curso, tanto para interinos como para los nuevos funcionarios, situación que ha provocado malestar en el sector. En principio, debía publicar el listado el pasado día 2, después ayer y ahora hay una nueva demora y no las hará públicas hasta la semana del 22 al 26, a semana del 22 al 26 de juliol, de modo que las adjudicaciones definitivas no estarán previsiblemente hasta agosto. 

La conselleria argumenta que este año la adjudicación ha sido más compleja al incluir 31.153 funcionarios nuevo, y añadió que ha recibido 62.354 sol·licituds de funcionarios y de interinos y 3.846.741 peticiones de puestos de trabajo (un docente puede hacer más de una solicitud). Señaló que han tenido que adaptar la aplicación informática y los técnicos requieren más tiempo. Fuentes sindicales apuntaron que Educación también ha acambiado ahora la normativa y les puede adjudicar plazas de varias especialidades, no solo de la correspondiente a las oposiciones que aprobaron. Todo ello ha provocado múltiples quejas entre el colectivo docente, que ve improvisación y ya apunta posibles movilizaciones.

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