Funcionarios de la prisión de Ponent: “Solo pedimos regresar vivos a casa”

Un centenar de personas, entre funcionarios y familiares, se concentraron ayer ante las puertas de la cárcel de Lleida para denunciar la agresión sufrida el domingo por una compañera leridana en Mas d'Enric y exigir medidas ante el aumento de las agresiones en las prisiones catalanas tras el asesinato de una compañera en el centro de Tarragona.

Un centenar de personas participaron ayer en la concentración convocada por trabajadores del Centre Penitenciari Ponent para denunciar la agresión sufrida el domingo por una compañera leridana a manos de una reclusa de la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona. “Solo pedimos regresar vivos a casa”, aseguraron los funcionarios, que reclamaron más recursos y volvieron a insistir en que las agresiones en las prisiones catalanas no dejan de aumentar, por lo que reclamaron medidas. “Queremos que se cumpla con el reglamento, no pedimos tanto, y que se asuman responsabilidades desde el Govern”, señaló Gabriel, uno de los portavoces del colectivo y funcionario de Ponent. Emocionados y enfadados, con la imagen de fondo de Núria López, la cocinera asesinada por un interno el pasado marzo en Mas d’Enric, los concentrados exigieron la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó.

“Las agresiones no son accidentes laborales, como dice el Govern. Llevamos años denunciando que han aumentado, que cada vez son más violentas y que algunos compañeros no podrán recuperarse de las lesiones”, señaló Gabriel. Al respecto, también aseguró que ha cambiado el perfil de los internos y que algunos, aunque no son la mayoría, siguen delinquiendo en prisión. “La inseguridad se encuentra en cualquier rincón, no solo en la cocina, y si se hubieran tomado medidas Núria seguiría entre nosotros”, reivindicó. La protesta acabó con un minuto de silencio en recuerdo de la compañera asesinada en Mas d’Enric, y luego con el grito “todos somos Núria” que los asistentes gritaron al unísono. Los asistentes también mostraron su apoyo a Toñi, la funcionaria leridana (y que trabajó más de 25 años en Ponent) agredida el domingo por una presa de Mas d’Enric al intentar impedir que se peleara con otra reclusa. Los sindicatos CSIF y ACAIP denunciaron que se trató de un intento de homicidio, al tratar la presa de asfixiarla con un cordel que llevaba en el cuello, mientras que Justicia dijo que fue una agresión.

“Queremos que se respete nuestro trabajo y se cumplan los protocolos”

Funcionarios concentrados ayer en la prisión de Lleida se mostraron muy enfadados e indignados por las últimas agresiones ocurridas en las cárceles catalanas. Hace meses que denuncian una situación que dicen que es “insostenible”, por lo que reclaman un cambio. Una de las trabajadores aseguró que “no llevamos un garrote, solo un walkie y a veces no todos porque faltan recursos, por lo que no pedimos más mano dura sino que se cumplan los protocolos, la ley, los reglamentos y los acuerdos”. Asimismo, añadió que su trabajo no está reconocido. “Hacemos de psicólogos, educadores, juristas y de los más jóvenes incluso de padres. Esto no tiene precio y nadie lo reconoce”, lamentó. “Somos garantes de la reinserción y venimos a trabajar, no a perder la salud ni la vida”, reivindicó. En la misma línea, Gabriel , portavoz del colectivo, reclamó que deben recuperar la autoridad que consideran que han perdido en los últimos años. “La administración tiene que confiar en nuestra experiencia y hacernos caso porque somos los primeros en garantizar los derechos de los internos”, defendió. Asimismo, dijo que la inseguridad también la viven los reclusos. “Muchos se ven obligados a tener conductas negativas para poder ser sancionados y no salir al patio por miedo”, afirmó. Por otra parte, Justicia presentó ayer ante el Consell Executiu un plan de evaluación de las políticas públicas previstas desde este año hasta 2028. La conselleria ha trabajado con el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada y el Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, que han elaborado otros estudios para obtener una visión integral del conjunto de las políticas del departamento. El objetivo del plan es evaluar las principales políticas públicas y convertir la evaluación en una cultura y manera de hacer propias de la conselleria.