El ayuntamiento de Lleida dice que la empresa de control de plagas ni hacía seguimiento ni tenía personal

El ayuntamiento ha constatado que la empresa encargada del servicio de control de plagas, Ezsa Sanidad Ambiental SL, cometió varios incumplimientos durante su concesión, que iban desde no destinar el personal mínimo fijado, no presentar el plan de actuaciones para prevenir la proliferación de insectos y roedores, así como de no hacer el seguimiento obligatorio mensual de al menos 2.600 puntos de control de la población de plagas. 

Todos estos motivos condujeron al ayuntamiento a la rescisión del contrato, que recibió el aval definitivo del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic este mes de julio.

El informe en el que constaban todas estas irregularidades fue elaborado por el jefe de servicios urbanos y la jefa de sección de salud ambiental del consistorio en marzo del año pasado. En este se detalla que el contrato establecía que la empresa destinaría cinco trabajadores, pero realmente solo destinaba a dos que “vienen a Lleida dos días a la semana y no dan respuesta de las incidencias en 24 horas tal y como ofrecieron”. 

Añade que tampoco contactan con los usuarios que avisaban de incidencias ni comunicaban al ayuntamiento su resolución. En el informe también se detalla que la empresa no presentó una diagnosis inicial de los niveles de infestación de cucarachas en la ciudad ni tampoco elaboró un mapa de riesgo ni ninguna actuación concreta.

 Por último, los técnicos municipales tampoco recibieron por parte de la empresa las ubicaciones de los 2.600 puntos de control, que por contrato deben revisarse presencialmente de forma mensual, ni las incidencias atendidas.

A raíz de esta situación, el ayuntamiento pidió explicaciones a la empresa concesionaria. Esta presentó una decena de alegaciones en las que aseguraba que cumplía con las condiciones mínimas del contrato en materia de seguimiento de los puntos de control y de plantilla, a la vez que apuntaba haber tenido problemas informáticos para las notificaciones y comunicaciones con el consistorio.

En mayo de 2023, los servicios municipales rechazaron todas las alegaciones de la empresa y concluyeron que no destinaba a los trabajadores mínimos que ella misma ofrecía en el contrato, no había hecho el control ni el mantenimiento adecuado de los 2.600 puntos, que inicialmente eran 2.000, pero la empresa ofreció ampliarlo en 600, y que no daba respuesta a las incidencias en 24 horas y ni notificaba su cumplimiento. 

Motivos por los cuales determinan que la concesionaria “no ha atendido los requerimientos” del ayuntamiento y las alegaciones presentadas “no justifican en cualquier caso el incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato”. 

Añaden que el servicio prestado “no se lleva a cabo de acuerdo a los criterios” del pliego de cláusulas y condiciones, lo que supone un incumplimiento del contrato, y faculta al ayuntamiento a ejercer la rescisión del contrato, que ahora se ha materializado.