ANÁLISIS 1-O
Amnistía en cuentagotas
Casos pendientes en Lleida a los dos meses de su aprobación
Amnistiados un policía nacional y también 4 independentistas por un boicot en el Solsonès
Imagen de la carga de la Policía Nacional en la Mariola durante el 1-O.
La ley de amnistía cumple hoy dos meses de vigencia, plazo que daba la misma ley para aplicarse pero se ha hecho en cuentagotas y ha beneficiado a un centenar de personas en Catalunya y a cinco en Lleida. El primer amnistiado en Ponent es el agente de la Policía Nacional acusado de agredir a Enric Sirvent –que sufrió paro cardiorrespiratorio– durante el referéndum en el Centre Cívic de la Mariola. La Audiencia entendió que el delito de lesiones tiene encaje en la ley. Hay un segundo caso: los cuatro independentistas investigados por el intento de sabotaje de la Vuelta Ciclista en el Solsonès en 2023.
En cambio, quien anunció que rechazaba ser amnistiado fue Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación y multa de 1.080 euros por no quitar los lazos amarillos en la ventana de su despacho de la Paeria en la campaña de las elecciones generales de 2019, cuando era edil de la CUP. Juvillà ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra España por vulneración de su “libertad ideológica y de expresión”. Otro político que está pendiente es Bernat Solé (ERC), que fue penado a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros por desobediencia por por favorecer la celebración del 1-O cuando era alcalde de Agramunt y diputado en el Parlament. Solé ha solicitado la derogación de la sentencia y que se dicte una nueva totalmente absolutoria, así como la eliminación de los antecedentes penales. La Fiscalía no se opone, pero el TSJC ha presentado una prejudicial en el TJUE, al igual que con otros cargos. Asimismo, en el caso del exalcalde de Alcarràs, Miquel Serra (ERC), su defensa está revisando la ley para decidir si piden que se le aplique la amnistía. Además, también solicitarían anular el importe de las multas pagadas tanto por favorecer el referéndum como por no descolgar unas esteladas. En cuanto a los manifestantes imputados, la mayoría de las causas son por los altercados postsentencia. Algunas defensas han solicitado que se aplique la ley, mientras que otras lo están estudiando y otras no prevén solicitarlo por considerar que no supondría ningún “beneficio real” para sus representados. Se calcula que en total hay unos 60 afectados, entre ellos, la exmiembro de la Mesa del Parlament Ramona Barrufet y la actual consellera de Exteriores en funciones, Meritxell Serret.
