LLEIDA
Justicia permite de nuevo a presos asesinos trabajar en la cocina
No los veta por el delito cometido sino por su comportamiento. Esta misma semana fue apartado un recluso de la cárcel de Lleida condenado por homicidio
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Concentración de funcionarios de Ponent el pasado agosto. - SEGRE
Una circular del anterior departamento de Justicia permite de nuevo a los internos con condenas por delitos de sangre poder trabajar en las cocinas de las prisiones catalanas. Precisamente esta semana la cárcel de Lleida decidió apartar de forma preventiva a un interno que trabajaba en la cocina de la prisión a pesar de tener una condena por homicidio, como avanzó este diario. El pasado marzo fueron apartados de la cocina de la prisión leridana cinco internos condenados por delitos de sangre, uno de ellos el que esta última semana había vuelto a trabajar en este espacio, tras el asesinato de una cocinera en Mas d’Enric, en Tarragona, a manos de un recluso.
El texto, que tiene previsto entrar en vigor el próximo 1 de octubre, considera que algunos talleres productivos industriales, la cocina, la panadería, la lavandería, las tiendas y trabajos fuera de los módulos como jardinería o almacenes son considerados de especial riesgo para la seguridad. Por ello, para acceder a estos puestos de trabajo por parte de los internos establece una serie de requisitos adicionales, pero no veta a los presos por tipo de delito, sino por su comportamiento. Si no hay cambios, los presos con delitos de sangre podrán regresar a la cocina u otros destinos peligrosos si cumplen con los requisitos que se han endurecido y hará falta haber transcurrido al menos el último año sin ningún expediente disciplinario, ni haber estado en aislamiento en los dos últimos años, deberán cumplir los programas de tratamiento, no podrán tener un “riesgo de reincidencia delictiva violenta alto” y una Unidad de Seguridad Interior hará un “análisis de idoneidad” para evaluar si está capacitado. Asimismo, la circular señala que serán despedidos si es sancionado, enviado a primer grado o está más de dos meses sin pagar la indemnización a la víctima.