BARRIOS URBANISMO
Licitan el proyecto para que Cappont no sea inundable
La Paeria saca a concurso la redacción del plan para ampliar el muro de contención de Grenyana. Presupuesto de 144.956 €
Vista del solar donde está proyectado el instituto de Cappont. - AMADO FORROLLA
El ayuntamiento sacó ayer a concurso público el contrato para la redacción del proyecto para que el barrio de Cappont deje de ser zona inundable, una circunstancia que ha bloqueado la construcción del instituto y otros equipamientos. La licitación cuenta con un presupuesto de 144.956,40 euros, IVA incluido, y tiene una duración de ocho meses para que la empresa ganadora presente su proyecto. Las bases del concurso público indican que las firmas interesadas deben prever actuaciones para ampliar el pequeño muro que hay ahora en el camino de Grenyana, otras en las compuertas del canal de Seròs y también evitar que pueda entrar una avenida por la desembocadura de la clamor de les Canals.
Actualmente Cappont está considerado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) como zona inundable en un período de retorno de 100 años (probabilidad media) y con las actuaciones que prevé el proyecto “se conseguiría eliminar la inundación correspondiente a la avenida de 500 años de período de retorno del río Segre” (probabilidad baja). Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 1 de octubre para presentar ofertas.
La licitación de este proyecto llega después de que el gobierno municipal anunciara en febrero que la CHE revisaría la inundabilidad de Cappont para que pasara de tener un período de retorno de 100 años a 500, lo que permitiría desencallar, entre otros proyectos, el instituto del barrio, la reforma de la escuela Camps Elisis y la tramitación del Área Residencial Estratégica. Sin embargo, el ayuntamiento informó el pasado julio que la CHE había vuelto a subir el riesgo de retorno y el gobierno municipal había pedido explicaciones sobre este cambio de criterio. Al respecto, la Confederación dijo que estos cambios los envió a corporaciones locales, diputaciones y gobiernos autonómicos responsables para que pudieran hacer alegaciones. Posteriormente, afirmaron que las resolverá, tras el período de información pública de 3 meses. Balaguer ya ha presentado alegaciones (ver página 15).
