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La Fiscalía pide castigar nuevos delitos como la suplantación con IA

El obispado de Urgell denunció el uso de la imagen del obispo para una inversión

También el secuestro de datos, con ayuntamientos y empresas como víctimas

Los menores, uno de los colectivos que preocupan ante el aumento del cibercrimen. - EP

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En su última memoria, la Fiscalía General del Estado insta a dar una respuesta “contundente” a la ciberdelincuencia por el constante aumento de las estafas online o los ciberataques, en tanto que pide castigar nuevas tipologías delictivas como el deepfake: la manipulación de imágenes y vídeos con inteligencia artificial (IA) para suplantar la identidad de otras personas. El pasado mayo, el obispado de Urgell denunció un vídeo que circulaba por las redes sociales en el que se suplanta con inteligencia artificial la identidad del arzobispo del Urgell y copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives, para instar a invertir en petróleo. 

El Ministerio Público subraya que el cibercrimen se ha convertido en “una de las primeras amenazas para la seguridad individual y colectiva en España” y añade que “su constante evolución y sofisticación constituye una gran preocupación para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pues exige una respuesta legal y social contundente”, a la vez que lamenta la falta de formación y herramientas para investigar estos delitos. 

Asimismo, en su memoria, expone que, además del incremento de ciberdelitos como las estafas, los ciberataques a infraestructuras, el ciberespionaje o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, se ha detectado un auge en la comisión de nuevas modalidades delincuenciales en el ámbito virtual. Entre ellas habla del ransomware, que consiste en el secuestro de datos con fines extorsivos. Los expertos calculan que empresas y administraciones leridanas han sufrido un centenar de ciberataques en los últimos cuatro años, aunque existe una cifra negra porque puede haber casos que no han sido denunciados. 

En 2021 hubo un ciberataque que encriptó los servidores de unos 90 despachos profesionales, mientras que en 2020 la Paeria de Cervera fue víctima de unos hackers que suplantaron a la concesionaria de la piscina cubierta. Pero ha habido otros. En 2017, un virus secuestró los archivos del ayuntamiento de Rialp para exigir un rescate al consistorio para recuperar datos de facturación.

Otro ciberdelito nuevo que pide castigar la Fiscalía es el criptojacking: la minería ilegal de criptomonedas utilizando dispositivos de terceros. En 2023, los dispositivos vulnerables a sufrir ciberataques en las comarcas leridanas aumentaron un 18,7%. Según el informe del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), se detectaron en Lleida un total de 33.413 dispositivos vulnerables, frente a los 28.140 de 2022. 

En el caso de los menores, la Fiscalía General del Estado propone retrasar la edad de acceso a las redes sociales sin supervisión ante los “muchísimos” delitos para las que las emplean, desde aquellos contra la intimidad o la libertad sexual hasta coacciones, amenazas y estafas informáticas. También destaca el ciberbullying. Otro de los aspectos relacionados con los menores e internet que se señala en la memoria es la “realidad preocupante” de la captación del yihadismo. Asegura que son “un blanco fácil” para la propaganda extremista.

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