Archivada una causa contra 14 acusados de Boreas por prescripción

La Audiencia Nacional ha archivado por prescripción una de las separadas del ‘caso Boreas’ sobre presunta corrupción en la diputación de Lleida entre los años 2011 y 2018. En esta pieza, en la que investigaba una supuesta relación con la trama del 3%, había 14 personas investigadas, entre ellos los empresarios y hermanos del Pla d’Urgell Esteve y Gonçal Niubó Mir, Josep Antoni Rosell (director de Infraestructuras de la Generalitat entre 2011 y 2015), Enrique Regaño (encargado de las adjudicaciones en la diputación de Lleida cuando Joan Reñé era presidente) y Lluís Quer Cumsillé (que fue presidente de Instraestructuras). Otros imputados eran C.L.C, E.N.A, F.J.M.S., M.L.R., M.T.V., M.A.N.E., M.M.P.P, N.C.A.A. y J.R.M.A. Son once hombres y tres mujeres.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado en un auto el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones que decretó el juzgado Central de Instrucción 5. En esa resolución, se acordó el sobreseimiento “por considerar el magistrado juez instructor que no resulta debidamente justificada la perpetración de ningún delito y que, a partir del 26 de mayo de 2024, no es posible acordar nuevas diligencias, dado que en esta fecha expiró el plazo máximo de un año de instrucción establecido en el art. 324.1 de la ley procesal penal sin que se hubiese acordado ninguna prórroga”. Ante esta resolución, el Ministerio Público recurrió afirmando que no había expirado el plazo máximo de la instrucción. La Audiencia Nacional desestima el motivo de impugnación al considerar que sí que había prescrito.Hasta la fecha solo se sabe que una de las piezas separadas llegará a juicio. Fiscalía solicita 12 años de cárcel para un exjefe de Carreteras de la Generalitat en Lleida, Jordi Benet, por manipular supuestamente adjudicaciones. Está acusado de prevaricar en relación a supuestas irregularidades en contratos de obra pública.

El 2 de octubre se cumplen seis años del registro en la Diputación

■ El 2 de octubre se cumplirán seis años del registro en la Diputación y de la detención del entonces presidente, Joan Reñé, y una veintena de personas más. El juzgado de Instrucción 1 de Lleida ha dictado varias prórrogas de una causa con 46 tomos y 12.000 folios y en la que hay unos 40 investigados. El registro se practicó a raíz de una investigación que iniciada en 2014 por una denuncia ante Fiscalía por supuestos pagos de comisiones a exresponsables de la Diputación a cambio de adjudicaciones cuando la presidía Reñé, al que le costó el cargo. Reñé ha negado el cobro de comisiones y dijo que sus actuaciones fueron avaladas por los técnicos y los funcionarios. La práctica totalidad de imputados han negado las irregularidades supuestamente detectadas por los Mossos y la Fiscalía.