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LLEIDA

ERC denuncia un contrato a dedo de 15.000 € a un edil del PSC de Alcarràs

La revisión y redacción final del plan estratégico del deporte, y lo estudia llevar a Antifraude. Larrosa dice que preguntará a la concejalía de Deportes

La sesión plenaria de ayer en la Paeria. - GERARD HOYAS

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El concejal de ERC Xavier Estrada denunció ayer en el pleno de la Paeria que la concejalía de Deportes ha adjudicado de forma directa un contrato de 15.000 euros a un concejal del PSC en Alcarràs para la revisión, actualización y redacción final del plan estratégico del deporte. Se trata de Josep Enric Barri, que forma parte del comité estratégico del deporte que ha puesto en marcha el gobierno de la Paeria, del PSC. En su intervención, Estrada, que no ha citó explícitamente ni el nombre del adjudicatario ni el del ayuntamiento donde es concejal, afirmó que este contrato “hace muy mala pinta” y dio a entender que lo llevarán a la Oficina Antifraude de Catalunya. “Se ha adjudicado de forma directa sin haber justificado de ninguna manera las razones técnicas”, aseguró, y acusó al alcalde de “gobernar para sus amigos”. “Si leemos la parte del decreto en la que se intenta justificar la adjudicación directa no podemos pensar otra cosa que en un gobierno entre amigos”, subrayó. 

Por ello le emplazó a anular el contrato y convocar un concurso público. El alcalde, Fèlix Larrosa, se limitó a contestar que él no tiene la misma información y que preguntará sobre esta cuestión a la concejalía de Deportes. Tras el pleno, el concejal republicano Juanjo Falcó señaló en la red X que ha solicitado el expediente del contrato para analizarlo a fondo y reafirmó que “todo parece indicar que tendremos que llevarlo a Antifraude”.

Por otra parte, el pleno rechazó una moción de Vox que propone una campaña de concienciación sobre la necesidad de proteger a los menores en la red. Tanto el concejal de Educación y Juventud, Xavier Blanco, como PP y Junts replicaron que ya existen programas en este sentido, mientras que ERC y el Comú ven “cinismo” en Vox. Este grupo anunció que estudiará acciones legales contra ERC, Comú y el alcalde. Asimismo, fue aprobado el grueso de la moción de ERC de apoyo a trabajadoras de las ‘escoles bressol’, después de que algunas hayan sido trasladadas “sin justificación” y a final de curso a través de un correo electrónico, según los republicanos. Blanco aseguró que se trasladaron a ocho personas por cuestiones de “eficiencia económica y en beneficio de los niños”.

Al final del pleno, el Comú pidió al alcalde que traslade al departamento de Salud la necesidad de cubrir una jubilación en la unidad de fibromialgia, ya que esta situación provoca saturación. También comunicó un ruego de vecinos de Lluís Millet, en la Mariola, que piden una intervención urgente para solucionar problemas de salubridad. ERC, por su parte, elogió el aumento de las plazas de Avant e instó hacer un seguimiento para ver si aún se quedan cortas y trabajar para que los trenes Iryo y Oiugo paren en Lleida. Larrosa dijo que tiene “conversaciones permanentes” con Renfe y ve necesario que los otros operadores paren en la ciudad.

Unanimidad para dar un solar para otra comisaría de Mossos d’Esquadra

El pleno aprobó por unanimidad la cesión de un solar en el número 26 de la avenida Fontanet de La Bordeta para que la Generalitat pueda iniciar los trámites para la construcción de una nueva comisaría de los Mossos d’Esquadra. Hará las funciones de sede central de la Regió Policial de Ponent, mientras que la actual, en la calle Sant Hilari, quedaría como específica del Segrià.

También hubo unanimidad en la aprobación del reglamento de la red de recarga de vehículos eléctricos, que pasará a ser de pago. La tarifa será de 0,35 euros el kilovatio por utilizar alguno de los cinco puntos de carga de vehículos eléctricos que son propiedad de la Paeria. Asimismo, prosperó una modificación de crédito de 3,3 millones del presupuesto del ayuntamiento, de los cuales 1,5 es para nóminas de personal municipal o de la concesionaria de limpieza Ilnet. En este caso, el expediente salió adelante con la abstención del PP y el voto contrario de Vox y Comú, que criticaron que parte de la modificación vengan motivadas las decisiones “populistas” cuando era alcalde Àngel Ros, por la sentencia que obliga a compensar a la empresa de radares por no utilizar uno móvil.

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