El Gobierno central dice que el recorte de las concesiones de agua de riego son inevitables

“No vamos a dejar sin agua a nadie, pero la planificación se debe tener en cuenta y hay que actualizar los datos desde 1993 porque han pasado muchas cosas”. Así se refirió ayer la directora general del Agua del Gobierno central, María Dolores Pascual, a la propuesta de recortar las dotaciones de riego en todos los regadíos de la cuenca del Ebro que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) presentó la semana pasada. Pascual, que fue presidenta de la CHE hasta el pasado diciembre, afirmó que “ha llegado el momento de revisar las dotaciones, las que se venían utilizando hasta ahora se deberían reducir cerca de un 12%”. Lo dijo durante su lección en la inauguración oficial del curso del Campus Iberus, el consorcio entre las universidades de Lleida, Zaragoza, la Rioja y la Pública de Navarra.

“La sequía del año pasado puso de manifiesto que la bonanza que afortunadamente había tenido normalmente la cuenca del Segre tiene fallos de suministro, y el sistema que teníamos hasta ahora no es suficiente”, afirmó Pascual. Valoró que la modernización de los regadíos es “fundamental para podernos enfrentar a sucesivos períodos de sequía”, pero aseguró que “los regantes son conscientes” de que estas inversiones deberán ir acompañadas de “protocolos para el reparto interno del agua, una mejora de la comunicación y más cuestiones de gestión que se pueden ir avanzando de forma paralela”. Pascual añadió que los cambios e inversiones se deben aplicar de forma “paulatina” y que “estamos en un período transitorio, de cambio de mentalidad”. Asimismo, destacó la necesidad de hallar “una manera de integrar diferentes instituciones públicas y privadas para contribuir a estar mejor preparados”.Respecto al rechazo de los regantes a las nuevas limitaciones propuestas, de hasta un 19% en Pinyana y un 15% en el Canal d’Urgell, la directora general del Agua explicó que “serán sometidas a un proceso participativo en el que todos podrán aportar lo que consideren”, aunque aseguró que “los regantes son conscientes desde hace meses de que la planificación era una especie de asignatura pendiente”.

Puy reclama más inversión y prevé aprobar este año nuevos estatutos

El rector de la Universitat de Lleida (UdL) y actual presidente del Campus Iberus, Jaume Puy, reclamó ayer a los gobiernos estatal y catalán más recursos para poder incrementar la plantilla docente, muy envejecida, y la de personal no docente. En su discurso de inauguración del curso pidió “alcanzar, al menos, el 1% del PIB en inversión universitaria que prevé la ley”, aunque reconoció que durante el último curso “la UdL ha visto algunas mejoras en el sistema de financiación que, junto con las medidas tomadas los últimos años, nos han permitido recorrer parte del camino hacia la normalidad presupuestaria”. Aseguró que “podemos mostrar satisfacción por la canalización de problemas crónicos como la deuda del Parc Agrobiotech, por lo que quiero agradecer al Govern de la Generalitat del momento, así como al del Estado y a la Paeria, por el apoyo”. Asimismo, Puy explicó que “la nueva ley universitaria (LOSU) nos lleva a elaborar nuevos estatutos y la comunidad ha tenido ya la oportunidad de conocer y comentar la propuesta de la comisión, que queremos debatir y aprobar antes de finalizar este 2024”.El rector inauguró el curso con los rectores de las universidades que forman parte del consorcio, así como con la directora general de Transparencia de la Generalitat, Laia Arnal, que destacó la “capacidad de transformar el entorno productivo” de la UdL.

Los rectores piden una fecha común para selectividad

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha propuesto que la selectividad se celebre durante la primera semana de junio en todas las comunidades autónomas, así como que la coherencia, cohesión y corrección penalicen hasta dos puntos en los exámenes de lengua castellana y las otras oficiales, como el catalán.En un nuevo documento, la CRUE plantea los acuerdos mínimos sobre las orientaciones para las pruebas de acceso del curso actual. Se trata de un trabajo que busca “homogeneizar” los exámenes en todo el Estado para “mostrar la equidad de las pruebas en todo lo que tienen en común, pero que al mismo tiempo respete y represente lo propio de cada comunidad”.