El Estado pidió declarar en ruina el edificio de los sindicatos de Lleida y desistió

El ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social solicitó en diciembre de 2022 al ayuntamiento declarar en ruina el edificio de los sindicatos. Sin embargo, un año y medio después la Paeria ha rechazado esta propuesta porque no ha recibido ningún informe técnico que justificara esta medida, tal y como exige la ley, y ha impuesto una quinta multa de 2.000 euros por el mal estado de este edificio situado en la avenida Catalunya.

El inmueble, que también es conocido popularmente como el Ducados, está en desuso desde junio de 2020 y padece varias deficiencias estructurales. En octubre de ese mismo año el ministerio de Trabajo, que es el titular del bloque, recibió la primera multa del ayuntamiento, de 300 euros, por no hacer obras para asegurar su fachada ni reparar los elementos dañados o degradados. El Estado hizo caso omiso a estos requerimientos, mientras que el ayuntamiento iba imponiendo cada vez más multas hasta llegar a la cuarta, de 1.500 euros, notificada en julio de 2022. 

Meses después, el 29 de diciembre del mismo año, la subdirectora de la Oficialía Mayor del ministerio de Trabajo solicitó la declaración de ruina del inmueble. Al cabo de quince días, el 16 de enero de 2023, el departamento de Disciplina Urbanística de la Paeria le notificó que para aceptar esta solicitud debía presentar un informe avalado por un técnico competente que acreditara el estado físico del inmueble, las causas que lo han llevado a esta situación y las obras necesarias para reparar los daños; justificar la insuficiencia de medios disponibles; un presupuesto detallado de las obras necesarias; y las medidas urgentes que se deberían adoptar para proteger la salud y seguridad de las personas.

Veinte meses después, el 18 de septiembre de este año, el ayuntamiento constató que el ministerio no había presentado esta documentación, motivo por el cual entendió que “desistía de su petición si no aporta la documentación requerida” ni justificaba la ejecución de obras. Por todo ello, el ayuntamiento impuso una quinta multa coercitiva de 2.000 euros y le instaba a arreglar todos los elementos de la fachada, impermeabilizar la cubierta y revisar y sustituir toda su carpintería, así como las cristaleras dañadas de la fachada. Si en un mes no lo ha hecho, recibirá una sexta multa.

El ayuntamiento pidió en 2022 su reforma o tirarlo

Este edificio, que acogía las sedes de todos los sindicatos, lleva años en estado decrépito, ya que la primera multa impuesta por el ayuntamiento por su deterioro data de junio de 2020. De hecho, el anterior gobierno municipal de ERC y Junts instó al ministerio de Trabajo en 2022 a que antes de acabar el año decidiera qué hacer con él: tirarlo o reformarlo. Sin embargo, el año pasó y actualmente el edificio sigue igual.