Solo 236 de los 6.177 pisos construidos en diez años en Lleida son de protección oficial

Solo 236 de las 6.177 viviendas construidas en la provincia durante los últimos diez años son de protección oficial, según datos del departamento de Vivienda. Son el 3,8%, una cantidad limitada que sube hasta un todavía escaso 5,8% en la capital. En Lleida ciudad se terminaron 2.067 pisos entre 2014 y 2023, y solo 121 son protegidos. Así, los datos de la Generalitat muestran que más de la mitad de la nueva vivienda social de la demarcación se ha construido en la capital. De hecho, todos los 89 pisos sociales que se edificaron entre 2015 y 2021 están en ella. En 2017 y 2018 no se terminó ninguno en toda la provincia.

La falta de vivienda protegida es compartida en el conjunto de Catalunya, pero no es uniforme. Mientras que en la demarcación no alcanza el 4%, en toda Catalunya se construyeron 12.039 pisos de protección oficial entre 2014 y 2023, un 10,8% de un total de 111.051 viviendas. De todos modos, en ningún caso se alcanza el 15% mínimo –en un plazo de 20 años– que el Govern decretó hace dos semanas para los municipios de las zonas consideradas de demanda residencial fuerte. En Lleida, la medida afectará a la capital y a otros 17 municipios.En las comarcas del llano hay actualmente 38.851 viviendas de protección oficial, que se suman a las 5.824 del Pirineo. Así lo indica el último Policy Brief de la cátedra Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra y la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya. El estudio muestra que las dos regiones cuentan con el mayor número de pisos sociales por cada 1.000 habitantes de Catalunya: 117 en Ponent y 88 en el Alt Pirineu i Aran, mientras que en el ámbito metropolitano de Barcelona son 11.El informe también constata que durante los próximos cinco años habrá una necesidad de 760 nuevas viviendas anuales en Ponent y de 152 en el Pirineo. A partir del 2030 serán 920 y 190, respectivamente. Sin embargo, durante la última década hubo una media anual de 387 viviendas acabadas en Ponent, y de 235 en el Alt Pirineu i Aran. Asimismo, el 31 de diciembre de 2023 había 2.167 inscritos en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial (1.843 y 324, respectivamente).

Instan a la colaboración público-privada para construir más

La producción de pisos de protección oficial ha caído a mínimos desde 2013, mientras que las necesidades de los hogares con riesgo de exclusión han ido al alza. Se trata una de las conclusiones del Policy Brief, cuyos autores presentaron ayer en Barcelona. Los economistas Miquel Morell, Agustí Jover y Nil Ragàs instaron a “consensuar un marco de colaboración pública y privada para atraer a operadores”. Otra conclusión del estudio es que, pese a que la Generalitat haya destinado a vivienda el 0,7% de las obligaciones netas de las liquidaciones de su presupuesto entre 2013 y 2021 y que el Estado haya destinado el 0,24%, “el sobreesfuerzo de la Generalitat no puede compensar el insuficiente esfuerzo del Estado”. Finalmente, el informe refleja que “hay un gran número de iniciativas legislativas en materia de reservas de suelo para viviendas sociales que no están generando los resultados deseados”.