La Diputación de Lleida deja de dar los lotes de Navidad por una sentencia del Tribunal de Cuentas

Una sentencia del Tribunal de Cuentas en lo referente a un caso de 2023 del ayuntamiento madrileño de Venturada privará que la Diputación de Lleida pueda regalar los tradicionales lotes de Navidad entre su personal y colaboradores. Según la agencia ACN, que cita fuentes de la institución, se dejarán de dar unos 700 lotes que contenían varios productos gastronómicos de proximidad de productores locales de Ponent y el Alt Pirineu y Aran. El obsequio representaba un gasto de cerca de 45.000 euros que dejarán de ingresar estos productores, y también la entidad social Ilersis, en una acción que más allá de querer ser un detalle hacia los empleados y colaboradores, también pretendía fomentar la difusión de estos productos.

Fuentes de la Diputación de Lleida han afirmado que se ven obligados a acatar la sentencia del Tribunal de Cuentas, pero lamentan que no se tenga en cuenta el perjuicio que ocasiona a pequeños proveedores locales y talleres de trabajo social que “tienen en estas fechas de Navidad una punta en su facturación anual”.

Antes la Diputación de Lleida compraba directamente a los productores locales los artículos que acababan formando parte del lote de Navidad. Desde 2019, esta operación se sacaba a licitación pública mediante un concurso que ganó la entidad social Ilersis, que trabaja con personas con discapacidad y también productos de proximidad. Según fuentes de la institución, de 710 lotes, con un coste de 46.410 euros, del 2019, se ha pasado a 700 lotes, a partir de 2021, con un coste de 44.860 euros al año. Asimismo, en estos años, una media de 25 lotes se entregaban en el Banco de los Alimentos u otras ONGs cedidos por personal funcionarial y político que renunciaba a recibirlos.

La sentencia 07/2023 que privará a la Diputación de Lleida y otros organismos públicos reglar los tradicionales lotes de Navidad hace referencia al caso del ayuntamiento madrileño de Venturada, donde se compraron 110 lotes valorados en 11.710 euros. La fiscalía denunció la compra porque consideraba que no estaba amparada legalmente. El tribunal condenó al alcalde a reintegrar el gasto y declarar su responsabilidad contable por haber imputado al presupuesto municipal los 110 lotes que se distribuyeron entre empleados municipales y otras personalidades y colectivos del municipio.