Esther Giménez-Salinas, Síndica de Greuges de Catalunya: «La administración es muy lenta y le cuesta pedir disculpas»

Está de ‘gira’ por el territorio para dar a conocer la figura de la síndica. ¿Todavía no es suficientemente conocida?

Es conocida, pero por un sector de la sociedad. Hemos analizado los datos sociodemográficos de las personas que se dirigen a la institución y vemos unos sectores que vienen poco o no vienen. Nos conoce un 65% y el 58% tienen estudios universitarios. No vienen los de nivel educativo bajo, ni tampoco mucha gente de menos de 30 años y de más de 70. Y migrantes, muy pocos. Un 5% de personas nacidas en el extranjero presentan quejas sobre cualquier tema, y las que no tienen papeles seguro que no hacen, pero lo podríamos hacer a través de fundaciones. Mujeres y hombres acuden por igual, pero ellas más por cuestiones de infancia y cuidados y ellos, de seguridad. En todo caso, tanto en Lleida como en toda Catalunya casi la mitad son por políticas sociales.

¿De qué tipo?

Educación, infancia, vivienda, salud, servicios sociales... De estas últimas los porcentajes son altos, pero de igualdad y no discriminación solo son el 1%, aunque seguro que hay muchos casos, pero que no llegan. Y quejas sobre migración, un 0,2%. Mi voluntad es ir por Catalunya a explicar quiénes somos y hacernos más accesibles.

En dos años como síndica, ¿ha visto una evolución en las quejas?

Se han incrementado un 35% las relacionadas con servicios sociales, un 20% las de infancia y un 13% las de educación.

La vivienda es una de ellas.

He visitado las Llars del Seminari de Lleida y hemos hablado de las dificultades de acceder a la vivienda. El alquiler supone casi todo el sueldo y eso, o lo cambiamos radicalmente, o tendremos graves problemas. La queja es una acción individual y en casi un 95% la administración hace caso a nuestra recomendación y resuelve el problema. Pero debería servir para resolver también el problema colectivo. Otro ejemplo, una queja por lista de espera sanitaria, lo resolvemos y le hacen la operación, pero ¿y todos los que no han hecho una queja? La queja debería tener una voluntad de transformación, muchas quejas han de ayudar a cambiar el sistema. Es un elemento de presión. También tenemos actuaciones de oficio que nos permiten intervenir ante cualquier situación para pedir información si pensamos que hay una vulneración de derechos en temas de vivienda, salud...

¿Cuántas hacen al año?

Son 206. Permiten que, en casos muy graves, podamos intervenir directamente. Como en el caso de al cocinera asesinada en la prisión de Mas d’Enric. Además, si pisas el territorio, ves lo que está pasando, y si me pregunta por mi ‘obsesión’, es el principio y el final de la vida, los niños y los mayores, porque a menudo nosotros tomamos decisiones por ellos, y es donde más vigilantes debemos estar.

¿Se refiere a cuestiones como los retrasos en la ley de la dependencia, que a veces cuando conceden la ayuda el beneficiario ya ha muerto?

Precisamente, el primer caso que tuve hace dos años fue el de una persona que había pedido una ayuda y cuando se la concedieron acababa de morir su marido. Yo dije que lo primero que había que hacer es darle el pésame. La administración es muy lenta. Es uno de los retos importantes, y así lo dije en el Parlament. Para un niño, un año en un centro puede comportar doblar su edad. Y para una persona mayor, un año es muchísimo.

¿Y cómo se puede solucionar?

Creo que no es tan difícil. La administración ya tiene todos nuestros datos, solo apretando un botón. No se deberían tener que aportar. Habría que modificar los tempos. Es cierto que Catalunya ha crecido en 2 millones en casi 20 años y eso comporta una gestión más complicada. Pero una buena organización podría acortar los tiempos de los trámites. Además, cuando la administración se equivoca debe tener capacidad de reconocerlo y pedir disculpas. Pero le cuesta.