Libertad provisional para 6 detenidos en el caso de supuestos vertidos ilegales de residuos procedentes de Italia

El juzgado de instrucción 4 de Tarragona ha recibido este jueves a seis personas detenidas en relación a supuestos vertidos ilegales de residuos, entre ellos J.G. y A.M., dos de los máximos responsables de la empresa leridana Griñó. La magistrada ha acordado la libertad provisional de los detenidos, que se han acogido a su derecho de no declarar, y que han pasado a disposición judicial.

Como medidas cautelares, la jueza ha ordenado la presentación periódica al juzgado de los investigados y, para 3 de ellos, también se ha acordado la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio. En total, hay quince personas detenidas y/o investigadas por los delitos de pertenencia a organización criminal, contra el medio ambiente y falsedad documental en una causa que salpica siete empresas.

Griñó confía en que el asunto quedará aclarado lo antes posible

Fuentes del Grupo Griñó, la empresa leridana supuestamente implicada en el caso, han indicado que se han puesto a disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que le sea requerido y confían en que el asunto quedará aclarado lo antes posible. En este sentido, las mismas fuentes aseguran que la compañía siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad. Teniendo en cuenta el hecho que hasta ahora la causa estaba bajo secreto de sumario y por respeto a la investigación, de momento, desde el grupo no quieren hacer más valoraciones.

El martes pasado, en un registro que se alargó durante cinco horas en la sede de Griñó, agentes de la Unidad Central Operativa del Seprona (Ucoma) intervinieron los ordenadores y teléfonos móviles que utilizaban a los arrestados, así como la documentación de compilance, que incluye las previsiones de cumplimiento normativo.

En los últimos cuatro años, el dispositivo de transporte de basura desde Italia que gestiona el grupo leridano Griñó ha incluido la llegada de 25 camiones semanales, de tres a cuatro al día. Los vehículos recorrían distancias de entre 1.600 y 2.000 km desde ciudades italianas como Nápoles o Milán, cuyos gestores municipales contrataban los servicios de Griñó para deshacerse de los residuos, hasta vertederos de Tarragona y Cuenca. En ocasiones, los camiones cruzaban el Mediterráneo en ferris que salían de puertos italianos como Nápoles, Génova o Civitavecchia (Roma).

Según las investigaciones de la Guardia Civil, este trasiego, que empezó en el 2021 coincidiendo con el fin de la entrada de basura en barco por el puerto de Tarragona, generó unos ingresos de casi 120 euros por tonelada, un total de 19 millones de euros para transportar 160.000 toneladas de residuos. La sospecha es que, gracias a un presunto aparato de falsificaciones documentales, parte del material era tóxico y no era declarado como tal o, si lo era, no recibía los tratamientos de evaluación correspondientes.

Por su parte, fuentes de Griñó han afirmado que la empresa "siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad" y han mostrado su "disposición a colaborar con la investigación".

A raíz de este caso, varios grupos ecologistas han reclamado responsabilidades a la Generalitat por su supuesta falta de acción ante un presunto caso de contrabando de residuos de esta magnitud. Víctor Álvarez, coordinador en Cataluña de Ecologistas en Acción, ha declarado a TV3 que "la administración no ha hecho su trabajo de manera adecuado, y no ha llevado el control del componente lucrativo".

Desde la Agencia Catalana de Residuos han declinado pronunciarse sobre el caso, pero han recordado que el organismo se comprometió, mediante una resolución del abril pasado, a "garantizar el cumplimiento de la normativa sobre el traslado transfronterizo de residuos" en el periodo 2024-2028.