Ninguna infracción en 55 controles a la empresa de Lleida investigada

La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha hecho en los últimos cuatro años un total de 55 inspecciones en las plantas de tratamiento de residuos de Riba-roja d’Ebre (46) y Constantí (9), en Tarragona, y “en ninguna de estas inspecciones se han detectado residuos no autorizados y la documentación presentada cumplía la normativa vigente”, según informó ayer el organismo. Estas dos plantas han sido registradas por la Guardia Civil en el marco de la ‘Operación Rifiuti’ –basura en italiano–, que ha supuesto la detención de seis personas y la imputación de otras nueve por su presunta participación en una trama dedicada al contrabando de residuos desde Italia que supuestamente operaba en torno a la empresa leridana Griñó Ecològic y que ha salpicado a un total de siete sociedades, varias de ellas filiales de la primera. Precisamente, los seis arrestados, entre ellos J.G. y A.M., dos de los máximos responsables de Griñó, pasaron ayer a disposición judicial ante el juzgado de Instrucción 4 de Tarragona. La magistrada decretó libertad provisional para todos ellos, que se acogieron a su derecho a no declarar. Sin embargo, acordó medidas cautelares como presentaciones ante el juzgado cuando sean requeridos y, además, a tres de ellos les retiró el pasaporte y les prohibió la salida del estado.

Por su parte, desde la Agència de Residus de Catalunya explicaron ayer que llevan a cabo los controles, tanto en las plantas de tratamiento como los que hacen en el transporte por carretera, en coordinación con la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra. El organismo añadió que se pone a disposición de las autoridades judiciales para colaborar en cualquier investigación y que se reserva el derecho de presentarse como acusación particular en caso de que se detecten indicios de delito. También recordó que el traslado transfronterizo de residuos dentro de la Unión Europea está regulado y que esta investigación “tiene como sujeto a plantas privadas de tratamiento de residuos”.

El organismo se reserva el derecho a presentarse como acusación si hay indicios de criminalidad Los investigados no declararon en el juzgado y la magistrada retiró el pasaporte a tres de ellos

El dispositivo de transporte de basura desde Italia – desde ciudades como Milán y Nápoles– que gestiona Griñó ha incluido en los últimos cuatro años la llegada de 25 camiones semanales, de tres a cuatro diarios. La Guardia Civil sospecha que esta actividad puede ser ilegal y la empresa lo niega, asegurando que ha actuado siempre de forma legal. Según las pesquisas de la Guardia Civil, habrían cobrado 19 millones de euros de 160.000 toneladas de residuos que, gracias a un presunto tinglado de falsificaciones documentales, según indican las investigaciones, incluían material tóxico que no era declarado como tal o que, si lo era, no acababa recibiendo los tratamientos de valorización. Desde Griñó confían en que el asunto quedará aclarado lo antes posible e insisten en que la compañía siempre ha actuado de acuerdo a la legalidad.